Fundamentos jurídicos demanda de desahucio aculumada con acción de reclamación de rentas (2013)

FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEMANDA DE DESAHUCIO ACUMULADA CON ACCIÓN DE RECLAMACIÓN DE RENTAS (2013)

(Descargar PDF)

I.- Jurisdicción
  • Artículo 36.1 LEC Extensión y límites del orden jurisdiccional civil
  • Artículos 9, 21 y 22.1 LOPJ
II.- Competencia
  • Artículos 45 LEC Competencia de los Juzgados de Primera Instancia y 52.1 7º LEC Fuero general de las personas jurídicas
  • Artículo 85.1 LOPJ
III.- Procedimiento
  • Artículos 250.1 1º LEC Ámbito del juicio verbal y 437 y siguientes LEC Del juicio verbal
IV.- Acumulación de acciones
  • Artículo 438.3 3ª LEC Acumulación objetiva de acciones
V.- Capacidad
  • Artículos 6 y siguientes LEC Capacidad para ser parte
VI.- Legitimación (Art. 10 LEC Condición de parte procesal legítima)
  • Activa  : el dueño, usufructuario o cualquier otro sujeto con derecho a disfrutar de la finca y a sus causahabientes.
  • Pasiva  : el demandado, en cuanto que ostentan la posesión de la vivienda objeto del contrato de arrendamiento, y es deudor de las rentas y demás cantidades de pago debido, según lo pactado.
VII.- Cuantía
  • Artículos 251.9º LEC Reglas de determinación de la cuantía, 252.2 LEC Reglas especiales en casos de procesos con pluralidad de objetos o de partes y 253 LEC Expresión de la cuantía en la demanda
 VIII.- Postulación 
  • Artículos 23 LEC Intervención de procurador  y 31 LEC Intervención de abogado
  XI. FONDO DEL ASUNTO
 1- En relación a las obligaciones recíprocas -> Artículo 1124 CC Facultad de resolver las obligaciones
2- En relación al cumplimiento de las obligaciones en los arrendamientos-> Artículos 1554 CC  Obligaciones del arrendador, 1555 CC Obligaciones del arrendatario y 1556 CC Rescisión del contrato y/o indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento
3- En relación a la extinción del contrato de vivienda -> Artículos 27.2 LAU Incumplimiento de obligaciones y 35 LAU Resolución de pleno derecho
4- En relación a la facultad del arrendador de solicitar el desahucio por falta de pago de las rentas-> Artículo 1569.2º CC  Causas de desahucio del arrendatario
5- En relación a la reclamación de las prestaciones periódicas devengadas con posterioridad a la interposición de la demanda -> Artículo 220.2 LEC Condenas de futuro
 6- Sobre la mora -> Artículos 1100 CC De la mora, 1101 CC  Daños y perjuicios de las obligaciones y 1108 CC Indemnización de mora en obligación de pago de dinero (en relación con el 1024 CC). Mora procesal: Artículo 576 LEC Intereses de la mora procesa
XII.- Enervación / No enervación
  • Artículos 22 LEC Caso especial de enervación del desahucio y 439 LEC Inadmisión de la demanda en casos especiales
  • Artículo 7 CC Buena fe y abuso de derecho
  • Artículo 11 LOPJ
XIII.- Costas
  • Artículo 394 LEC Condena en las costas de la primera instancia

 

Desarrollo jurisprudencial del derecho a la libertad religiosa en España

DESARROLLO JURISPRUDENCIAL DEL DERECHO A LA LIBERTAD RELIGIOSA EN ESPAÑA

(Descargar PDF)

Tras lo que podría llamarse, para algunos desarrollos, para otros limitaciones realizadas por la LOLR, el derecho a la libertad religiosa recogido en nuestro texto constitucional se encuentra de nuevo modulado en su contenido a través de la aplicación jurisprudencial del mismo, es decir, a través del proceso de concreción del derecho llevada a cabo por parte de los jueces y tribunales a la hora de adaptarlo a un caso concreto. A través del análisis jurisprudencial trataremos de establecer cuál es el conjunto de obligaciones o debes (si los hay) que se imponen a los poderes públicos para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad religiosa a los ciudadanos.

Par algunos autores, la primera protección por parte de los poderes públicos a este derecho a la libertad religiosa quedaría englobada dentro de la obligación general de dichos poderes de contribuir al bien común1, es decir, se trataría de una protección general teóricamente aplicable a cualquier derecho, aunque en la práctica, al tratarse de un concepto jurídico indeterminado, nada aportaría a la hora de garantizar la libertad religiosa puesto que teóricamente, no cabría una actuación de los poderes públicos que no persiguiera el bien común – nada más lejos de la realidad como se puede comprobar en nuestros tiempos -.

A parte de este principio fundamental de contribución al bien común, el derecho a la libertad religiosa gira en torno al principio de neutralidad de los poderes públicos en cuanto al fenómeno religioso. Dicho principio, que se encuentra recogido en el art. 16.3 CE cuando establece que “ninguna confesión tendrá carácter estatal” ha sido declarado por el TC como una prohibición a los poderes públicos de erigir valores o intereses religiosos como parámetros para media la legitimidad o justicia de normas y actos públicos, con todo ello se trata de vedar cualquier tipo de injerencia entre funciones religiosas y funciones estatales2, es decir, el derecho a la libertad religiosa abarca el derecho de los ciudadanos a actuar con plena inmunidad de coacción del Estado y de cualquier grupo social, de manera que el Estado se ha de prohibir a si mismo cualquier concurrencia, junto a los ciudadanos, en calidad de sujeto de actos o actitudes de signo religioso3.

Este principio de neutralidad también implica que los órganos judiciales han de encontrar criterios practicables que permitan conciliar en el caso concreto las exigencias de la libertad religiosa con la protección de los derechos fundamentales4.

Otra manifestación muy importante de la neutralidad la encontramos a la hora de aplicar la normativa relativa al Registro de entidades religiosa. La inscripción de una entidad religiosa en este registro no solo reconoce su personalidad jurídica como tal grupo religioso, sino que también le otorga un “status” que se manifiesta en su plena autonomía a la hora de crear sus instituciones religiosas. Sin embargo la articulación de este Registro no habilita al estado a ejercer una actividad de control de la legitimidad de las creencias religiosas de las entidades religiosas, sino tan solo la de comprobar que la entidad solicitante no es una de las excluidas en el art. 3.2 LOLR y que las actividades o conductas que se practican no atentan al derecho de los demás al ejercicio de sus libertades y derechos, ni son contrarias al orden público; en otras palabras, la Administración no debe arrogarse la función de juzgar el componente religioso de las entidades solicitantes de acceso al registro, sino que debe limitarse a constatar que, atendiendo a sus estatutos, objetivos y fines no son entidades excluidas por el art. 3.2 LOLR5.

La segunda gran garantía del derecho a la libertad religiosa la encontramos en el principio de cooperación regulado en el inciso final del art. 16.3 LOLR. En este artículo se está introduciendo una idea de aconfesionalidad o laicidad positiva que – en teoría – vedaría cualquier confusión entre funciones religiosas o estatales6. Este precepto es interpretado por el TC como una orden a los poderes públicos de mantener “las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”; dicho de otro modo, el Texto Constitucional obliga a los poderes públicos a que tengan en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española7.

A pesar de tratarse formalmente de una garantía a la libertad religiosa, en la práctica este principio de cooperación crea auténticas discriminaciones entre las distintas confesiones religiosas, quebrando con ello totalmente la contundente definición del principio de igualdad contenido en el art. 14 CE, desde el momento en el que determinadas confesiones religiosas gozan de un marco estatutario privilegiado al que han accedido mediante acuerdos con el Estado español, acuerdos a los que no han podido acceder el resto de confesiones religiosas8. Todo esto conlleva a que se puedan diferenciar 4 clases de confesiones religiosas que gozarán de distintos privilegios:

  1. Religión Católica: La única que aparece recogida expresamente en la CE y que no necesita estar inscrita en el Registro de Entidades Religiosas y que regula sus relaciones con el Estado español a través de los Acuerdos con la Santa Sede. Al tratarse el Vaticano como un Estado independiente, estos Acuerdos gozan del carácter de tratado internacional y con ello de la protección especial del art. 10.2 CE.

  2. Religiones evangélicas, judía y musulmana: que regulan sus relaciones a través de los Acuerdos de 19929.

  3. Religiones inscritas en el Registro Nacional de Entidades Religiosas.

  4. Religiones no inscritas en el Registro Nacional de Entidades Religiosas.

En principio, el único límite que se establece tanto constitucional como legalmente al ejercicio de la libertad religiosa es el límite del orden público. El TC ha establecido que este concepto de “orden público” no puede ser interpretado en el sentido de cláusula abierta o preventiva frente a eventuales o posibles riesgos basados en meros indicios, puesto que en tal caso, la administración se convertiría en el mayor peligro cierto para el ejercicio de este derecho.

La jurisprudencia constitucional ha establecido como regla general que solo podrá limitarse el derecho a la libertad religiosa cuando se haya acreditado en sede judicial, es decir, por sentencia firme, la existencia de un peligro cierto para la “seguridad, salud o moral pública”; en este mismo sentido se ha pronunciado el TEDH cuando establece que el derecho al ejercicio de la libertad religiosa sin ser sometido a discriminación se trasgrede cuando, sin justificación objetiva y razonable, los poderes públicos no aplican un trato diferente a personas cuyas situaciones son sensiblemente diferentes, como en el caso de la manifestación externa de símbolos religiosos. Sin embargo, a pesar de estas sentencias del TC y del TEDH, nuestro ordenamiento jurídico en diversos supuestos sobre manifestaciones religiosas externas de símbolos religiosos, como es el caso del velo islámico en centros de enseñanza públicos ha atribuido a los Consejos Escolares la competencia para decidir sobre la presencia de dichos símbolos en centros públicos, que serán por lo tanto los encargados de velar por una actividad escolar garantizadora del principio de neutralidad ideológica y de respeto a las opciones religiosas de los alumnos y de sus padres. Dicha competencia podría considerarse inconstitucional puesto que se está otorgando una potestad para poder limitar el ejercicio a un derecho fundamental, vulnerándose con ello lo establecido en la CE que establece que los derechos fundamentales solo podrán ser desarrollado -en algunos casos limitados- mediante Ley Orgánica.

Para poder denegarse la inscripción de una entidad religiosa en el Registro, tanto por parte de la administración como en sede judicial, es necesario que se disponga de datos concretos y contrastados en los que apoyar la utilización de esta cláusula del orden público.

Este concepto jurídico indeterminado de orden público, como ya hemos tenido ocasión de comprobar en nuestra historia, puede llegar a vaciar de contenido el derecho a la libertad religiosa, pudiendo llegar a legitimarse mediante este concepto eventuales arbitrariedades por parte de los poderes públicos. Sin embargo, este innegable riesgo puede quedar atenuado, o incluso anulado, si dotamos a éste límite del orden público del contenido de ser una mera traducción de los valores consagrados en la Constitución10.

CONCLUSIÓNES:

  • Tendencia hacia el reconocimiento de una religión dominante que busca obtener la aprobación oficial y el apoyo del Gobierno como religión oficial del Estado, en este caso podemos hablar de la Iglesia Católica como la religión del estado.

  • Tendencia a ver el resto de religiones como una actividad tolerada y no como un derecho humano fundamental, la tendencia actual es la de considerar las actividades religiosas, excepto las de la confesión mayoritaria, como algo tolerable por el Estado.

1MARIA EUGENCIA PEREZ MONTERO.

2Si bien no siempre se logra evitar dicha injerencia como pone de manifiesto la Sentencia de 23 de abril de 2002 del TSJ de Andalucía confirmando íntegramente el pronunciamiento de instancia, en la que se llega a considerar como “lógico” la no renovación en su puesto de trabajo de una profesora de religión católica por la falta de propuesta del Obispado de Almería de dicha al haber contraído esta matrimonio por la forma civil, puesto que con ello, mantiene el tribunal, dicha profesora se estaba apartando de la doctrina católica, con lo que perdería toda confianza por parte del Obispado para impartir clases de religión. Finalmente, el TC en la STC 51/2011, de 14 de abril, establece que la decisión de la profesora de casarse de forma civil es una opción que queda dentro de su esfera de la intimidad personal y familiar, y por lo tanto la motivación religiosa de la decisión del obispado de no proponerla como profesora de religión por haber contraído matrimonio civil no justifica por si sola la idoneidad sobrevenida de la profesora para impartir enseñanza católica.

3STC 24/1982

4STC 38/2007

5STC 46/2001

6STC 177/96

7STCS 46/2001 y 177/1996

8Notorio arraigo

9Acuerdos:

10Alejandro Torres Gutierrez