Plan de Contratación Pública Verde

 PLAN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA VERDE

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INDICE:

I- Antecedentes políticos y jurídico
II- Ámbito de aplicación
III- Objetivos y medidas establecidos en el plan
IV- Ejecución y seguimiento
V- Resultados del plan a la vista del primer Informe de la Comisión Interministerial
VI- Conclusiones
VII- Bibliografía

 

I- ANTECEDENTES POLÍTICOS Y JURÍDICOS

El 22 de mayo de 2006 el Consejo de Ministros, como parte de las estrategias nacionales en política medioambiental creo mediante Acuerdo la “Comisión Interministerial para la incorporación de criterios ambientales en la contratación pública”; a esta Comisión se le asigno,  como objetivo la elaboración del Plan en materia de Contratación Pública Verde (en adelante PCPV). Tras dos años de trabajo, finalmente dicho Plan se aprobó dos años después, el 21 de enero de 2008 mediante la Orden PRE/116/2008.

Los orígenes de este plan los encontramos en las diversas recomendaciones comunitarias que abogaban por establecer planes nacionales de acción en materia de compra verde como por ejemplo establecía la “Política Integrada de Productos” de 2003 de la Comisión Europea. Posteriormente la Unión Europea paso de las meras recomendaciones a dictar normas vinculantes para los Estados miembros, como es el caso de la Directiva 2004/18/CE de 31 de marzo de 2004 sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obra, suministros y servicios; mediante la cual se comenzó a regular la introducción de criterios medioambientales y sociales en los pliegos de contratación pública.

Asimismo, cabe señalar la importancia que tuvo el estudio “Green Public Procurement in Europe 2005 Status Overview” realizado por encargo de la Comisión Europea entre los años 2005 y 2006 en el que se evaluó el estado de la incorporación de criterios ambientales en las políticas de contratación pública de los países de la Unión Europea. Las conclusiones de este estudio, así como sus recomendaciones han servido de base para la creación del PCPV.

Finalmente, mediante la revisión realizada en 2006 a la “Estrategia de la Unión Europea para un Desarrollo Sostenible” se estableció el objetivo de que todos los países miembros alcancen para el año 2010 un nivel de contratación pública ecológica igual a la que ya alcanzaban en ese momento los países miembros mas sobresalientes (Austria, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Holanda, Suecia y Reino Unido).

II- ÁMBITO DE APLICACIÓN

El ámbito de aplicación del PCPV comprende a la Administración General del Estado, a sus organismos públicos y a las Entidades Gestoras de la Seguridad Social.

III- OBJETIVOS Y MEDIDAS ESTABLECIDOS EN EL PLAN:

En cuanto a los objetivos establecidos en el PCPV debemos diferenciar entre el objetivo general y los objetivos específicos.

El objetivo general consiste en alcanzar para el año 2010 la meta establecida por la Unión Europea en la Estrategia revisada para un Desarrollo Sostenible consistente en lograr un nivel medio de contratación pública verde igual al alcanzado en el año 2006 por los países más sobresalientes (Austria, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Holanda, Suecia y Reino Unido).

Asimismo, debemos tener en cuenta que este plan también tiene como finalidad la de servir de complemento y apoyo a la hora de implantar otro tipo de políticas estatales que promuevan la defensa del medio ambiente, como ocurre por ejemplo con el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética de los Edificios de la Administración General del Estado, el Plan Nacional Integrado de Residuos o con la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia.

En cuanto a los objetivos específicos el PCPV establece en su anexo unas determinadas metas que se han de alcanzar para cada uno de los grupos de productos, servicios y obras establecidos en dicho anexo. Además de lo anterior también establece el plan que se habrán de establecer directrices tendentes a la incorporación de criterios ambientales en las distintas fases de la contratación pública.

El PCPV diferencia los siguientes grupos de productos en los que además de fijar los objetivos que se han de alcanzar en cada uno de ellos también establece los medios que se habrán de utilizar para lograr cada uno de los objetivos:

1- Construcción y mantenimiento

  • Alcanzar un ahorro energético de un 9% antes de 2011 y de un 20% antes de 2017, para lo cual se aplicarán las medidas establecidas en el Plan de Ahorro Energético de la Administración General del Estado.
  • Alcanzar un ahorro de agua de un 20% antes de 2011. Para lograr este objetivo se incorporarán sistemas de ahorro en todas las dependencias de la Administración General del Estado.
  • Asegurar mejoras ambientales generales de los edificios en los casos de rehabilitación general, para lo cual se utilizarán preferentemente en los nuevos proyectos materiales reciclados o fácilmente recuperables o reutilizables al final de su vida útil. Asimismo habrá de incluirse en los proyectos de rehabilitación integral de edificios un apartado relativo a la prevención y gestión de residuos en la ejecución de los trabajos
  • Asegurar mejoras ambientales en el mantenimiento de los edificios. Para lograr este objetivo se incorporará el mantenimiento preventivo de los edificios, se establecerá un sistema de recogida selectiva de residuos, y creará un Código de Calidad y Ecoeficiencia para el mantenimiento.

2- Transporte

  • Disminuir la contaminación atmosférica generada por los vehículos del parque móvil del estado; incluyendo como criterio de valoración las mejoras respecto a la norma Euro en vigor e instalando filtros de partículas en los vehículos dieses del parque móvil del estado (siempre que sea tecnológicamente adecuado).
  • Lograr un consumo de biocombustible de un 38% respecto al total de combustible consumido por el parque móvil del estado. Para lograr este objetivo se establecen las siguientes medidas: adaptar el parque de vehículos existentes para que admitan el uso de biocarburantes (excepto los vehículos híbridos); incluir la compatibilidad con los biocombustibles como criterio obligatorio en todos los contratos de compra de vehículos, siempre que exista oferta suficiente, para que al menos la mitad de la flota de vehículos admita estos tipos de combustibles antes de 2013; incorporar la compra de vehículos híbridos para automóviles que realicen recorridos fundamentalmente urbanos e incluir en la adjudicación de todos los contratos de suministros de combustible la disponibilidad de ofrecer biocombustibles.
  • Reducir el 20 % del consumo de combustibles fósiles con respecto al año 2006, incluyendo como criterio de valoración la clasificación de eficiencia energética contemplada en el catálogo de automóviles del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía e incorporando criterios de valoración de eficiencia energética en los contratos de servicios de mensajería de 3 ministerios antes de 2011 y en el todos los ministerios antes de 2016.
  • Asimismo se realizarán cursos de formación sobre la conducción eficiente para todos los conductores antes de 2011.

3- Energía

  • Los objetivos y las medidas para alcanzarlos serán los contemplados en el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética para los edificios de la Administración General del Estado.

4- Equipos de oficina

  • Reducir el consumo de energía y de papel y promover el uso de papel reciclado; para lo cual se adoptarán las siguientes medidas: Incorporar como criterios energéticos obligatorios los establecidos en la etiqueta “Energy Star” en todas las compras de ordenadores personales de sobremesa y portátiles, monitores, fotocopiadoras, impresoras y multifunciones antes de 2011 y de todos los equipos antes de 2016 e incluir la opción de impresión a doble cara compatible con el papel reciclado en todas las compras de fotocopiadoras, impresoras o multifunciones.
  • Mejorar la calidad ambiental de los equipos de oficinas para lo cual se seguirá el formulario creado por la Comisión en el que se establecen las características ambientales que deben tenerse en cuenta en la compra de equipos en el total de las compras antes de 2016.
  • Asimismo se redactará y difundirá un código de buenas prácticas de los equipos de oficina antes de 2011 y se aplicará dicho código en todas las dependencias antes de 2016.

5- Papel / publicaciones

  • Alcanzar un consumo de papel reciclado del 50% del consumo total antes de 2011 y del 90% antes del 2016, incorporando para ello criterios de sostenibilidad en todos los concursos de compra de papel, tanto reciclado como no reciclado, que cumplan los requisitos de la ecoetiqueta europea.
  • Estabilizar el consumo de papel de oficina en las cifras de 2006 para el periodo 2008 – 2010 y reducirlo un 20% para el periodo 2010 – 2015 implantando herramientas de administración electrónica que reduzcan el uso de papel y realizando un curso sobre estas herramientas en los programas de formación de los Ministerios y demás organismos.
  • Alcanzar un consumo de papel reciclado del 50% en las publicaciones de la Administración General del Estado antes de 2011 y del 90% para 2016. Para lograr este objetivo se analizará la posibilidad de eliminar las publicaciones en papel sustituyéndolas por sistemas electrónicos; asimismo para publicaciones que no se hagan en papel de origen reciclado se exigirá el cumplimiento de todos los requisitos que establezca la Unión Europea para la concesión de la etiqueta comunitaria.
  • Reducir las publicaciones en soporte papel un 40% respecto al año 2006 antes de 2016. Para lograr este objetivo se revisarán y optimizarán las bases de datos para el envío de publicaciones de los diferentes organismos antes de 2011; se ajustará y reducirá el tiraje de impresión de todas las publicaciones antes de 2011 y se seguirán reduciendo hasta 2016; se incorporarán criterios de sostenibilidad en los concursos de diseño y/o impresión de publicaciones antes de 2011 y se dispondrá de procedimientos administrativos para su revisión continua y regular antes de 2016.
  • Asimismo se realizarán sesiones formativas a todos los responsables de compras, de archivos y de imágenes antes de diciembre de 2011 y se elaborará un Código de Buen Uso del Papel y Publicaciones que se divulgará en formato electrónico antes de 2011

6- Mobiliario

  • Comprar madera de origen legal y procedente de explotaciones gestionadas de forma sostenible, y ausencia de sustancias tóxicas en la compra de mobiliario, en los productos que tengan un contenido de madera de más del 10%; para ello se incorporarán como criterios de adjudicación, según la ecoetiqueta europea: que la madera virgen utilizada no provenga de talas ilegales, de árboles genéticamente modificados o de alto valor ambiental; que la madera virgen y sus derivados no sean tratadas con sustancias o preparados de los incluidos por la OMS en las clasificaciones 1A o 1B de pesticidas; asimismo se incorporará como criterio de valoración que se presenten los documentos que acrediten que la gestión forestal es sostenible.
  • Lograr que un 25% del mobiliario de oficina y derivados de la madera adquiridos tengan garantía y disponibilidad de recambios de 5 años antes de 2011, y alcanzar el 50% antes de 2016; incluyendo como criterio de adjudicación la garantía de disponibilidad de recambios por 5 años en las compras de mobiliario.

7- Limpieza

  • Alcanzar un 100% de productos de papel reciclado antes de 2011 y un 100% de pequeños contenedores de origen reciclado antes de 2016. Para ello se establecerán las siguientes medidas: incluir como criterio de ejecución de nuevos contratos que los productos sean altamente biodegradables y exentos de sustancias peligrosas; incluir el uso de papel higiénico reciclado y toallas de celulosa 100% reciclada como criterio obligatorio en el 100% de los contratos suscritos; incluir el uso de papeleras, contenedores, bolsas de basura y otros recipientes de materiales 100% reciclados e incluir en los nuevos contratos la exigencia de recogida separada de residuos depositándolos en los puntos limpios correspondientes.
  • Asimismo se creará un Código de Buenas Prácticas Ambientales para la realización del servicio de limpieza antes de 2011 y se incluirá dicho código en las condiciones de ejecución de todos los contratos de limpieza antes de 2015.

8- Eventos

  • Aumentar el uso del transporte público o colectivo para acceder a los actos públicos mediante la inclusión obligatoria de información sobre los transportes públicos existentes para acceder al recinto en la propaganda de dichos actos.
  • Minimizar y realizar una correcta gestión de los residuos, incluyendo la recogida selectiva de los residuos para la organización y el público en todos los actos.

Además de las medidas específicas establecidas para cada grupo de productos, el PCPV establece las siguientes medidas de carácter general

  • Incluir en el Reglamento de desarrollo de la Ley de Contratos criterios medioambientales entre los criterios de solvencia profesional y técnica.
  • Realizar acciones de información y formación del personal encargado de la ejecución del Plan.
  • Realizar actuaciones para la mayor publicidad del Plan.
  • Realizar acciones de participación de los agentes económicos y sociales implicados.
  • Diseñar un procedimiento de control para el seguimiento y la revisión periódica del Plan.
  • Elaborar cláusulas ambientales tipo para su inclusión en los pliegos de contratación.
  • Realizar acciones de formación continua durante el período 2008 – 2010 para los funcionarios destinados en las unidades responsables de la aplicación del Plan.
  • Incluir los productos y servicios del Plan que se contraten de forma general y con características homogéneas en la relación de bienes y servicios de contratación centralizada.

IV- EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO:

En cuanto a la ejecución del PCPV cada Ministerio, a través de su Secretaría, será responsable de aplicar los criterios establecidos en el plan, en coordinación con todos los organismos públicos que dependan de el.

En lo que respecta al seguimiento del plan, será la Comisión Interministerial el órgano designado para la incorporación de los criterios ambientales en la contratación pública, además de ser el órgano responsable de su seguimiento, para lo cual se le asignarán las siguientes funciones:

  • Recibir los informes sobre los logros que se vayan alcanzando, debiendo ser elaborados dichos informes por cada secretaría cada 2 años
  • Elaborar cada dos años un informe general sobre el estado de la Contratación Pública Verde.
  • Colaborar a nivel nacional e internacional en las iniciativas, redes y grupos de trabajo que se puedan crear en el ámbito de la Contratación Pública Verde.
  • Recopilar información necesaria con la finalidad de proponer al Consejo de Ministros, en el caso en que proceda, la revisión del PCPV en el año 2010.

V- RESULTADOS DEL PLAN A LA VISTA DEL PRIMER INFORME DE LA COMISIÓN INTERMINISTERIAL

El 4 de noviembre de 2011 el Consejo de Ministros aprobó el acuerdo por el que se tomó conocimiento del Primer Informe General elaborado por la Comisión Interministerial relativo al primer periodo 2008 – 2010 sobre el grado de cumplimiento de las medidas establecidas en el PCPV para cada tipo de producto. Los resultados que arroja dicho informe son los reflejados en el cuadro adjuntado en el anexo  que acompaña a este trabajo.

El informe, que no analiza la totalidad de las medidas establecidas en el PCPV, establece que de las 17 medidas analizadas en el 41,17 % de ellas (7) se muestra una tendencia que, de seguir así, permitirá cumplir los objetivos del PCPV en el objetivo fijado; en el 52,94% (9) de las medidas analizadas se indica que si bien se están desarrollando actuaciones y la tendencia es positiva no se cumplirán los objetivos establecidos en el plan a no ser que se realice un esfuerzo adicional; y solamente en 1 de las medidas (5,89%) se indica que las actuaciones realizadas no son suficientes para conseguir los objetivos en el plazo previsto.

A día de hoy, a pesar de haber pasado ya casi dos años desde la publicación del primer informe, aun no se ha publicado el segundo informe bianual correspondiente al periodo 2010 – 2012.

VI- CONCLUSIONES

Las propuestas y mejoras que se proponen en el Informe de la Comisión Interministerial son las siguientes:

  • Aumentar el seguimiento y control para cada una de las medidas establecidas en el plan; averiguarse el motivo de que no se hayan implantado todavía algunas de las medidas propuestas, así como las posibles dificultades que se hayan podido encontrar a la hora de implantar cada una de las medidas.
  • Establecer un sistema de asistencia para resolver las posibles dudas que surjan a la hora de incorporar consideraciones ambientales en los pliegos de condiciones de los contratos públicos.
  • Elaborar directrices vinculantes para lograr la sostenibilidad en determinados ámbitos, como por ejemplo e la organización de eventos públicos
  • Realizar actuaciones de concienciación y sensibilización del personal en materias relacionadas con el ahorro de energía y de agua, en materia de residuos, etc. además de los cursos de formación que se realizan periódicamente.

Asimismo la Comisión propone elaborar un Sistema de Control y Seguimiento con la finalidad de conocer el grado de cumplimiento de los objetivos cuantificables establecidos en el PCPV para poder adoptar las medidas oportunas en el caso de incumplimiento.

Desde mi punto de vista el informe de la Comisión Interministerial es demasiado generoso a la hora de evaluar el cumplimiento de las medidas establecidas en el PCPV, puesto que si observamos el cumplimiento de las medidas detalladas en el informe en términos absolutos, de los objetivos provisionales fijados para antes del año 2011 solamente uno de los objetivos se ha cumplido; el de la instalación de filtros de partículas en los vehículos diésel y ello porque no establecía un porcentaje de referencia sino que simplemente establecía que dicha instalación se realizaría “cuando sea tecnológicamente adecuado”. Por todo ello, y a pesar de lo establecido en el informe, de seguirse la tendencia actual y no adoptar acciones mas contundentes es muy probable que no se logren cumplir la gran mayoría de los objetivos establecidos en el plan.

VII- BIBLIOGRAFÍA

Orden PRE/116/2008, de 21 de enero por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan de Contratación Pública Verde de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos y las Entidades Gestoras de la Seguridad Social (BOE, jueves 31 de enero de 2008).

Informe General sobre el Estado de la Contratación Pública Verde de la Comisión Interministerial (http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/plan-de-contratacion-publica-verde/Contrataci%C3%B3n_P%C3%BAblica_Verde_en_la_AGE_tcm7-181224.pdf).

Políticas comunitarias de compra pública verde. El Plan de Contratación Pública Verde de la AGE (www.arc.cat/ca/publicacions/pdf/agencia/xcr_281010/pon_1.PDF)‎

Plan de contratación pública verde, la compra sostenible (http://www.ambientum.com/revista/2008/marzo/contratacion_publica_verde.asp)

Contexto español de contratación pública verde. (http://www.asturias.es/portal/site/medioambiente/menuitem.1340904a2df84e62fe47421ca6108a0c/vgnextoid=b1ffd5a59a19f210VgnVCM10000097030a0aRCRD&vgnextchannel=8d215ef5ee09f210VgnVCM10000097030a0aRCRD&i18n.http.lang=es)

Análisis de la ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental

ANÁLISIS DE LA LEY 26/2007 DE RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

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1.- Determinación del nexo causal

2.- Sistema de carga de la prueba

3.- Plazo de prescripción de la acción legal

4.- Identificación del responsable

5.- Legitimación activa

6.- Forma de reparar el daño

7.- Efectos de la sentencia

 

1.- Determinación del nexo causal

La Ley de Responsabilidad Medioambiental (en adelante LRM) no especifica cual será el nexo causal a la hora de imputar responsable a un determinado sujeto, puesto que en el punto 3 del artículo 3 solamente establece que la responsabilidad establecida en esta ley solo se aplicará a los daños medioambientales o a la amenaza inminente de tales daños “cuando sea posible establecer un nexo causal entre los daños y las actividades de operadores concretos”.

Debido a la ausencia de determinación del nexo causal tendremos que acudir al concepto de causalidad establecido en la jurisdicción civil -menos restrictiva que la penal- y que según reiterada jurisprudencia ha de ser probado por el perjudicado.

2.- Sistema de carga de la prueba

La LRM no establece ninguna referencia expresa en relación con la carga de la prueba; por lo tanto, al tratarse de una ley administrativa no procede la aplicación supletoria el sistema contemplado en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, sino que habrá de aplicarse el sistema contemplado para el derecho administrativo, en donde, como norma general, la carga de la prueba recae sobre la administración, conforme a la instrucción de oficio del procedimiento y en busca de la verdad material.

3.- Plazo de prescripción de la acción legal

El plazo de prescripción de las acciones contempladas en la LRM, según lo establecido en su artículo 4 relativo al ámbito temporal de la responsabilidad medioambiental, será de 30 años desde que tuvo lugar la emisión, suceso o incidente que causó el daño. Este plazo empezará a computarse desde el día que haya finalizado totalmente o se haya producido por última vez la emisión, suceso o incidente que provocó el daño.

En cuanto a la prescripción de las infracciones y sanciones contempladas en esta ley será de 3 años para las muy graves y 2 años para las graves. En el caso de las infracciones dicho plazo comenzará a computarse desde el día en que se hubiese cometido la infracción o desde la finalización de una actividad continuada. Para las sanciones el plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución administrativa que impone la sanción.

4.- Identificación del responsable

En el párrafo 2º del punto 1 de artículo 3 de la LRM se establece una presunción iuris tantum de que las actividades económicas enumeradas en el anexo III de la Ley han causado un daño o una amenaza inminente de que dicho daño se produzca cuando atendiendo a su naturaleza intrínseca o la forma en que se ha desarrollado sea apropiada para causarlo.

Para poder exigir responsabilidad respecto al resto de actividades económicas o profesionales distintas a las enumeradas en dicho anexo es necesario que medie dolo, culpa o negligencia para poder exigir las medidas de reparación. En los casos en los que no medie dolo culpa o negligencia solo podrán ser exigibles las medidas de prevención y evitación.

5.- Legitimación activa

Según lo establecido en los artículos 41 y 42 de la LRM la legitimación activa que permite iniciar los procedimientos de exigencia de responsabilidad medioambiental puede provenir:

  • A instancia de parte, ya sea mediante la solicitud del propio operador o bien a través de la solicitud formalizada por cualquier interesado distinto del operador.
  • De oficio, bien por iniciativa de la propia autoridad competente, bien a petición de otra administración pública o bien mediante denuncia.

En los supuestos en los que un particular distinto del operador inste la intervención pública tendrán la consideración de interesados, en los términos del artículo 41, los titulares de bienes, derechos o intereses legítimos que puedan resultar afectados por el daño medioambiental o la amenaza de que este se produzca, así como aquellas organizaciones que tengan entre sus fines la protección del medio ambiente. En este último caso la solicitud de inicio habrá de formalizarse por escrito especificando en todo caso el daño o la amenaza de daño al medio ambiente, la identificación del presunto responsable,  además de “cuando fuera posible” especificar la acción u omisión que este realizó, la fecha y el lugar en los que se produjo, así como el nexo causal entre la acción u omisión y el daño o amenaza de daño.

6.- Forma de reparar el daño

La obligación de reparación consiste en que se devuelvan los recursos naturales dañados a su estado original, sufragando el total de los costes necesarios para promover las acciones preventivas o reparadoras. Según la exposición de motivos de la LRM, al poner el énfasis en la restauración total se está otorgando primacía al valor medioambiental, que no se entenderá satisfecho solamente con una mera indemnización dineraria. De esta manera se pretende otorgar efectividad al principio de “quien contamina paga”.

Esta obligación de reparar se encuentra regulada en el artículo 9 de la Ley relativo a la responsabilidad de los operadores,  en el artículo 19 que lleva por rúbrica “obligaciones del operador en materia de reparación” y en el artículo 20 en el que se regulan las medidas de reparación. Asimismo, en el Anexo III de la Ley se establece un marco común que tiene por objetivo que se elijan las medidas mas adecuadas a la hora de garantizar la reparación del daño medioambiental.

En cuanto a la reparación de los daños causados a las aguas, a las especies silvestres, los hábitats y la ribera del mar y de la ría, este Anexo establece que se realizará restituyendo el medio ambiente a su estado básico mediante medidas reparadoras primarias, complementarias y compensatorias.

  • Las medidas primarias son aquellas medidas correctoras que restituyen o aproximan al máximo los recursos o servicios naturales a su estado básico.
  • Las medidas complementarias son medidas destinadas a compensar el hecho de que la reparación primaria no haya dado lugar a la plena restitución de los recursos o servicios naturales dañados. La finalidad de esta medida es la de proporcionar un nivel de recursos naturales -incluso en un lugar alternativo- similar al que se habría proporcionado si el lugar dañado se hubiese restituido a su estado básico. En el caso en que la medida se lleve a cabo en un lugar alternativo, en la medida en que sea posible, este deberá estar vinculado geográficamente al lugar dañado y teniendo en cuenta los intereses de la población afectada.
  • Las medidas compensatorias son aquellas que se adoptan para compensar las pérdidas provisionales de recursos o servicios naturales que tengan lugar desde la fecha en que se produce el daño hasta el momento en que las medidas de reparación primaria surten todo su efecto. Estas medidas, que no consisten en una mera compensación financiera, sirven para compensar la pérdida provisional de recursos o servicios naturales durante la recuperación. La reparación compensatoria consiste en aportar mejoras adicionales a las especies silvestres, los hábitats y a las aguas, ya sea en el lugar dañado o en un lugar alternativo, pero no tienen como finalidad el compensar al público.

En cuanto a la reparación de los daños causados al suelo este Anexo establece que habrán de adoptarse las medidas necesarias para garantizar que, al menos, se eliminen, controlen, contengan o reduzcan las sustancias, preparados, organismos o microorganismos nocivos, de modo que el suelo contaminado deje de suponer una amenaza que pueda producir efectos adversos para la salud humana o para el medio ambiente. Asimismo habrá de estudiarse la posibilidad de optar por una recuperación natural en la que no se produzca ninguna intervención directa del ser humano en dicho proceso de recuperación.

7.- Efectos de la sentencia

Al tratarse la LRM de una norma administrativa, el procedimiento de atribución de responsabilidad finaliza mediante un acto administrativo firme en forma de resolución susceptible de poder de ser recurrido ante la jurisdicción contencioso-administrativa.  Según el artículo 45 de la LRM en los casos en los que la resolución exija la responsabilidad medioambiental de un operador, dicha resolución habrá de contener una descripción de la amenaza o del daño ambiental que se ha de eliminar,  una evaluación del mismo, la identificación del sujeto que debe adoptar las medidas, el plazo que se confiere para su ejecución, la cuantía y la obligación de pagar las medidas que se hubieran adoptado, así como establecer las actuaciones que en su caso debe realizar la autoridad pública.

Asimismo de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 se podrá solicitar la ejecución forzosa -incluso por parte de los interesados-  de la resolución administrativa en los casos de incumplimiento de las medidas de prevención, evitación y reparación de los daños medioambientales. En los casos en que el daño o amenaza ambiental sea grave la autoridad competente podrá ejecutar por sí misma y subsidiariamente dicha resolución, exigiendo posteriormente al operador responsable el reembolso de los costes generados tal y como establece el artículo 48.

En los supuestos en que se produzcan retrasos en la ejecución que puedan poner en peligro los recursos naturales afectados se podrán imponer sucesivamente hasta un máximo de 5 multas coercitivas cada una de ellas por un importe máximo del 10% del coste estimado del conjunto de las medidas establecidas en la ejecución.