El derecho al agua en el marco de la Constitución Española

El DERECHO AL AGUA EN EL MARCO DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978

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Las tres cuartas partes de nuestro planeta están cubiertas por agua; un 97,5 % agua salada y solo un 2,5 % agua dulce. Mientras que el agua dulce es abundante en ciertas partes del planeta cada vez se hace más evidente su escasez a nivel global, y lo que es aún peor, el porcentaje de agua potable -es decir, de agua dulce que el ser humano puede consumir sin poner en peligro su salud- es cada vez más reducido en condiciones naturales debido al aumento de la contaminación.

El derecho al agua ha sido formalmente consagrado como un derecho humano mediante la Resolución 64/292, de 28 de julio de 2010 de la Asamblea General de Naciones Unidas en el que se define este derecho como “el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para uso personal y doméstico”. Es decir, mediante esta Resolución las Naciones Unidas reconocen que el derecho al agua potable y a su saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida (artículo 1 de la Resolución) y del resto de los derechos humanos; exhortando a los Estados y Organizaciones Internacionales a que proporcionen a toda la población acceso a dicho recurso con el debido saneamiento.

El derecho al agua se encuentra íntimamente relacionado y se deriva de los artículos 25.1 de la Declaración de derechos humanos de 10 de diciembre de 1948 y del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966; al establecer dichos artículos que “todas las personas tienen derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.

También cabe señalar que antes de esta Resolución de Naciones Unidas ya existían una serie de declaraciones y textos internacionales no vinculantes que reconocían expresamente el derecho al agua como un derecho humano. Es el caso de la Declaración del Mar de la Plata de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Agua de 1977 o la Carta Europea de los recursos del Agua de 2001.

Sin embargo existen otra sería de declaraciones y textos que no hacen referencia expresa al derecho al agua como por ejemplo la Carta Social Europea de 1961 o la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea de 2000; si bien dicho derecho puede ser incluido o deducirse de otros derechos como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a la protección a la salud, el derecho a la protección de la pobreza y contra la exclusión social, el derecho a la vivienda digna, el derecho a la protección medioambiental o el derecho de acceso a los servicios de interés económico general.

Asimismo, la Carta Europea de los recursos del agua de 2001 declara con carácter de recomendación que “toda persona tiene derecho a disponer de agua suficiente para satisfacer sus necesidades esenciales”.

Finalmente hemos de señalar que uno de los objetivos básicos de la Directiva Marco del agua (Directiva 2000/60/CE, de 23 de octubre de 2000) es el garantizar “el suministro suficiente de agua superficial o subterránea en buen estado, tal como requiere un uso del agua sostenible, equilibrado y equitativo”, afirmando rotundamente que “el agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal”. Esta directiva no configura expresamente un derecho al agua pero considera dicho recurso como un “patrimonio” que hay que proteger para que pueda ser utilizado de forma sostenible para la satisfacción de las necesidades humanas.

Como ya hemos mencionado anteriormente la Resolución 64/292 de Naciones Unidas establece que corresponde a los Estados -o a las Organizaciones Internacionales en el caso en que sean competentes- hacer efectivo el derecho humano al agua. La efectividad de este derecho se divide en dos facetas o dimensiones distintas: 1- Libertad de acceso al recurso para los usos comunes vinculados a la satisfacción de las necesidades vitales de la población; 2- Derecho al suministro domiciliario del agua potable. La primera de estas facetas hace referencia a la manifestación de la libertad personal que puede considerarse inherente al derecho a la vida: la segunda faceta implica la prestación de un servicio del cual son responsables los poderes públicos y que puede ser prestado directamente por dichos poderes o a través de empresas privadas, esta segunda faceta representa un estadio superior frente al derecho de acceso al agua, ya que implica el derecho a recibir un servicio, lo que obliga a los poderes públicos a garantizar determinadas prestaciones (por ejemplo saneamiento, depuración, etc.) imprescindibles para satisfacer las necesidades vitales de la población.

La Constitución Española de 1978 no hace mención expresa al agua como derecho fundamental (artículos 14 a 24 y 30.2), sin embargo, al igual que ocurre en otros textos legales nacionales e internacionales, dicho derecho puede considerarse implícitamente incluido en el derecho fundamental a la vida (artículo 15), en el derecho fundamental a la libertad (artículo 17), y en él los derechos constitucionales -pero no fundamentales- a la salud (artículo 43), al medio ambiente (artículo 45) y a una vivienda digna y adecuada (artículo 47). Es por ello que la efectividad del derecho al agua requiere la implantación de un dispositivo prestacional garantizado por los poderes públicos al tratarse de un elemento esencial del Estado de bienestar.

Nuestra constitución instituye jurídicamente al agua como un bien de dominio público en su artículo 132.2. Esta calificación como dominio público convierte al agua en un bien público nacional, o lo que es lo mismo, el Estado es el titular o el propietario de dicho recurso; lo cual en principio garantiza que dicho recurso sea utilizado amparándose en criterios de racionalidad -tal y como dispone el artículo 45- y solidaridad -artículos 2 y 138.1-. Sin embargo, a pesar de esta titularidad estatal del agua la tendencia actual es la de territorializar las decisiones sobre su utilización hacia las distintas Comunidades Autónomas.

En nuestro país el que las aguas sean consideradas como un bien de dominio público ha hecho innecesaria la configuración de un derecho subjetivo al agua puesto que el uso público de dicho recurso incluye la satisfacción de las necesidades domésticas de los ciudadanos. Asimismo, la jurisprudencia de nuestros tribunales ha reconocido en numerosas ocasiones el derecho al suministro del agua al tratarse de un servicio municipal obligatorio -incluso para las viviendas ubicadas en suelo no urbanizable-.

Resulta no menos que curioso que la proclamación rotunda e inequívoca del derecho al agua  haya tenido lugar donde menos podía esperarse: en los Estatutos de Autonomía; y dentro del contexto de la territorialización del agua que se está produciendo en nuestro país.

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana fue el primer texto autonómico que reconoció el derecho al agua en el año 2006. En dicho Estatuto se establece “el derecho de los valencianos y valencianas a disponer de abastecimiento suficiente de agua de calidad” reconociendo el “derecho de redistribución de los sobrantes de aguas de cuenca excedentarias” así como el derecho “a gozar de una cantidad de agua de calidad, suficiente y segura, para atender a sus necesidades de consumo humano y para poder desarrollar sus actividades económicas y sociales de acuerdo con la ley” (artículo 17 del Estatuto de Autonomía Valenciano).

Al encontrarse las denominadas por el Estatuto “cuencas excedentarias” en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón; y para evitar los trasvases de agua a la Comunidad Valenciana, el Gobierno de Aragón interpuso en su día un recurso de inconstitucionalidad frente al citado artículo 17 al entender que:

  1. El Estatuto de Valencia excede el contenido propio de un Estatuto de Autonomía al infligir los artículos 138 y 139 de la Constitución Española (principios de unidad y de igualdad).
  2. Se está definiendo, sin contar con ningún fundamento competencial, un derecho al agua que no se configura como un derecho subjetivo.
  3. Los trasvases de agua a los que hace referencia el citado artículo 17 están invadiendo competencias propias de la Comunidad Autónoma de Aragón.

El Tribunal Constitucional, en su Sentencia 247/2007 desestima el recurso de inconstitucionalidad pero vacía el contenido del derecho al agua y la restitución de sus excedentes al declarar que el denominado derecho al agua recogido en el Estatuto Valenciano no es un verdadero derecho sino solamente un principio rector derivado del principio del estado social puesto que tal y como se establece en dicha sentencia “aunque formalizado en su dicción como derecho, se situa en la órbita de las directrices, objetivos básicos o mandatos dirigidos a los poderes públicos valencianos”.

En relación con el derecho a la redistribución de los excedentes de agua y al derecho a disfrutar de dicho elemento en cantidad y calidad suficientes nuestro Alto Tribunal considera que se trata de obligaciones meramente hipotéticas, cuya efectividad depende, en última instancia, no de las Comunidades Autónomas sino del Estado.

Y ya para finalizar cabe señalar que en la sentencia del Tribunal Constitucional admite la posibilidad de que las decisiones de una Comunidad Autónoma produzcan efectos en el territorio de otra además de establecer que en este caso en concreto no se acredita perjuicio alguno a la Comunidad Autónoma de Aragón puesto que nos encontramos ante un planteamiento meramente preventivo.

A modo de conclusión cabe señalar que, aunque sobre el papel el agua en España puede considerarse como un “derecho humano” proclamado por Naciones Unidas en la práctica dicho derecho queda solo en “papel mojado” ante la creciente incapacidad económica de muchos españoles para acceder a este recurso vital. Según las estadísticas publicadas por AEOPAS (Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento) durante el último año (2013) se han tramitado en nuestro país más de medio millón de avisos de corte de suministro de los cuales aproximadamente 300.000 se han hecho efectivos. Asimismo, debido a los procesos de privatización en la gestión y suministro del agua su precio se ha incrementado un 25,5% durante los últimos 5 años.

Debido a todo ello la Comisión Europea ha reconocido que en España existe un problema derivado del corte del suministro al agua en los hogares por impagos y ha reclamado al Gobierno español que garantice el abastecimiento mínimo de agua para todos los ciudadanos.

En este sentido y si tenemos en cuenta que según la doctrina del Tribunal Constitucional el servicio de suministro de agua es un servicio básico y que según la Ley de Régimen Local es un servicio obligatorio de todos los municipios que a cambio deben cobrar una tasa por proporcionar dicho servicio. Es por ello que en el supuesto en que no se pague dicha tasa debería cobrarse un recargo, pero nunca cortar un servicio básico para la vida; debiendo ser considerado ilegal el corte del suministro por impago.