El Estudio de la mundialización desde la óptica del derecho constitucional

El Estudio de la mundialización desde la óptica del derecho constitucional

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I.- INTRODUCCIÓN: EL PROCESO DE “MUNDIALIZACIÓN” O “GLOBALIZACIÓN”

II.- HISTORIA DE LA LUCHA POR EL PRINCIPIO DEMOCRÁTICO Y POR SU EFICACIA.

  • 1.- Confrontación entre principio democrático y principio monárquico.
  • 2.- Teoría democrática del poder constituyente y afirmación de la soberanía del parlamento.
  • 3.- La restauración. Vuelta al antiguo régimen.
  • 4.- El triunfo del estado constitucional democrático.

III.- DEL ESTADO LIBERAL AL ESTADO SOCIAL

IV.- EL ESTADO SOCIAL Y LA GLOBALIZACIÓN

  • 1.- La sociedad en la llamada “Aldea Global”

V.- ¿POR QUÉ ACUDIR A HERMAN HELLER PARA ENTENDER LA CRISIS DEL ACTUAL ESTADO SOCIAL?

VI.- CRISIS DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES CON LA LLEGADA DEL NEOLIBERALISMO TECNOCRÁTICO

  • 1.- Negación del principio liberal en nombre de la libertad económica
  • 2.- Imposibilidad de la división de poderes
  • 3.- Imposibilidad de la libertad civil en la llamada Aldea Global:
  • 4.- Crisis del principio democrático, “los técnicos contra el pueblo”:
  • 5.- La eliminación del principio de supremacía constitucional:
  • 6.- Inconstitucionalidad por omisión

VII- ¿UNA POSIBLE SOLUCIÓN AL PROBLEMA? BREVE ANÁLISIS A LA FIGURA DE LA “INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISIÓN”

VIII.- LA RESISTENCIA CONSTITUCIONAL

 

I- INTRODUCCIÓN: EL PROCESO DE “MUNDIALIZACIÓN” O “GLOBALIZACIÓN”

Para empezar mi exposición sobre los cambios en los principios democráticos a raíz del proceso de mundialización, parece conveniente realizar una pequeña introducción sobre cuál es el significado de ese término, querido por algunos, temido por otros, pero del que sin duda todos hemos oído hablar en mayor o menor medida.

A nadie le cabe la menor duda de que, en ningún momento de la historia hemos disfrutado los españoles de un nivel de libertad e igualdad como el que hoy en día gozamos. Muchas personas, entre los que me incluyo, creen que el siguiente paso, (según la lógica evolutiva de los últimos 30 años, en cuestión de derechos y libertades), debería ser un mejor desarrollo de los derechos sociales, como el derecho a una vivienda, a un trabajo, servicios sociales a la infancia; para que alcancen a toda la población; en los que todavía nos queda un largo camino por recorrer. Aunque el desarrollo de todos estos derechos que, nos pueda parecer utópico, recordemos que en el pasado derechos como la salud o la educación se veían como derechos de imposible universalización.

El mayor obstáculo con el que nos encontramos, para llevar a cabo el correcto desarrollo de los derechos y libertades antes mencionados, y que está impidiendo el correcto desarrollo del Estado Constitucional Democrático Social, está siendo la lógica economicista que subyace bajo el fenómeno que conocemos como “Globalización”.

En nuestra actual “Aldea Global”, lo que se está llevando a cabo no es la creación de un ámbito económico mundial barrido por corrientes niveladoras, integradoras y enriquecedoras, como pretender afirmar los entusiastas del mercado. La globalización, por el contrario, es una realidad económica, un salto hacia la concentración mundial del capital, pero un hecho contradictorio atravesado por fuertes corrientes, desniveladoras, desintegradoras y excluyentes de países y de seres humanos.

Llega esta concentración hasta tal punto de que nos encontramos con empresas más grandes que Estados, nos encontramos con el dominio abrumador de un reducido de empresas transnacionales de gigantescas dimensiones, asentadas tanto en la producción, como en el comercio o las finanzas mundiales. Para que nos podamos hacer una idea, nos encontramos con que 200 de estas grandes empresas, entre las que podríamos destacar Shell, General Motors, Ford, IBM, Toyota, Philip Morris, Microsoft, Citigropup cuyo presupuesto es superior al PIB de muchos países. Para poder visualizar el tamaño de estés gigantes, podemos decir que, en el año 2005,  las ventas de la General Motors, superaron la producción nacional de Dinamarca, o que en marzo de ese mismo año, solo había 10 Estados en todo el mundo cuya producción nacional superara el valor de las acciones de Internet Cisco Systems; o que la mundialmente famosa Microsoft, una empresa, cuyo valor en bolsa, ha perdido sumas de dinero comparables al valor de la producción nacional anual española.

Nos enfrentamos contra una oligarquía mundial, de una riqueza y de un poder tan concentrado como no se vio en ninguna otra etapa histórica de la humanidad. El sistema capitalista creo en el siglo XX nuevas dinastías mucho más poderosas que las dinastías de siglos atrás; sus apellidos ya no nos remiten a unas tierras o a un título nobiliario, sino a un automóvil, un chocolate, una nevera, una cerveza (Ford, Nestlé, Bosch, Guinness. Todas estas nuevas dinastías dirigen, en provecho privado, a una gran parte de las fuerzas productivas de la humanidad y acaban convirtiendo a las personas en súbditos suyos, y como tales súbditos permanecen, explotados, expoliados y empobrecidos.

Se habla del triunfo del mercado en un sentido propagandístico cuando los gobiernos desmantelan los viejos monopolios nacionales y liberalizan el sector. Pero la consecuencia es la ocupación del sector por media docena de compañías multinacionales que dejan muy poca libertad al mercado. Así nos encontramos con empresas como Telefónica, una empresa cuyos beneficios están asociados, según los sindicatos, a la sobreexplotación y el trabajo precario y según los consumidores al monopolismo y al fraude, y según los países latinoamericanos donde se ha instalado, al colonialismo, una empresa, en cuya dirección reina, según los partidos de izquierda, el nepotismo político y la corrupción.

El peso adquirido por alguno de estos poderes privados podría ser entendido como “recolonización”, puesto que las cadenas del viejo colonialismo militar, tras un paréntesis, reaparecen en la etapa de la globalización como cadenas financieras y económicas, pero no por ello menos pesadas, los principales efectos a los derechos y libertades que ello acarrea son,  deslocalización, paro y precariedad.

Los parlamentos de los Estados democráticos y sociales, uno tras otro, van adaptando el mercado laboral a las pautas que reclaman las empresas multinacionales, que  promover fácilmente sus inversiones con la típica expresión: “si no os parece bien nos llevamos la producción a tal o cual país”. El poder político de la inmensa mayoría de los Estados hoy existentes, nada, o casi nada puede, frente a empresas,  como ya hemos dicho antes, de dimensiones superiores a muchos de estos Estado; al menos mientras esos gobiernos y esas empresas se sigan moviendo en el mismo terreno, el de la economía capitalista mundial, también llamada Globalización. El problema es que actualmente ningún gobierno mundial puede moverse fuera de esta esfera de mercado global capitalista.

Todos los gobiernos que hoy existen tratan de establecer convenios con las multinacionales en una relación de fuerzas muy desequilibradas a favor de estas últimas. La política fiscal, el precio de los terrenos, la calidad y la programación de las infraestructuras, la legislación laboral, la docilidad de los sindicatos, las venalidades de la política y de la justicia, y otros muchos factores entran en juego. Podemos poner  por ejemplo, cuando la Volkswagen, trata y negocia simultáneamente con el gobierno de España y de la República Checa para decidir dónde ubicar sus inversiones.

Así pues no es raro escuchar frases como: “Lo que es bueno para la General Motors es bueno para Estados unidos y, lo que es bueno para Estados Unidos es bueno para la General Motors”. El problema es que esta frase solo tiene sentido en  5 o 6 países en todo el mundo. En los demás países, el interés de la multinacional extranjera pesa más en la balanza que el llamado “interés nacional”. Las decisiones políticas en las Democracias más “débiles” todavía son más manejables (indios chile presa).

Sin ir muy lejos podemos recordar la pequeña partida de los superbeneficios, (370 millones de las antiguas pesetas) que destino Siemens AG a uno de los patrones de Filesa, para que se adaptasen  los planes del AVE a los intereses de la empresa alemana.

Ni siquiera el poder político más fuerte del mundo hace temblar a quienes se saben verdaderos amos del mismo en cuanto a poder económico, por lo que bien podríamos decir que nos encontramos ante lo que bien podríamos denominar “la dictadura de las multinacionales”.

II.- HISTORIA DE LA LUCHA POR EL PRINCIPIO DEMOCRÁTICO Y POR SU EFICACIA

Una vez aclarado el concepto de Globalización, y todo lo que ello conlleva, vamos a explicar algunos de los principios, derechos y libertades que todo este fenómeno está dañando inevitablemente, y para ello vamos a empezar por el principio democrático.

Debemos recordar que, para  una correcta comprensión de la democracia, debemos partir de la concepción de la mima como un proceso dinámico, de lo contrario, esta misma democracia podría generarnos notorios prejuicios, recordemos las palabras de Pedro De Vega: “ la divinización de las formas y de las reglas del juego, para lo único que ha servido,  ha sido para raptar de la vida y de la historia los valores que dan sentido a la idea de Democracia, desvinculada esta, por un lado, de las bases sociales en las que tendría que encontrar su fundamento, y reducida, por otro, a un sistema de reglas del juego , nos enfrentamos ante un modelo instrumental y tecnocrático de la democracia con limitaciones, incongruencias y debilidades”.

Todos sabemos que la idea inicial de democracia en Grecia, Roma o en la época medieval, no podía ser explicada desde la idea de libertad, sino que dicha democracia era bien distinta a la que opera en el mundo moderno y contemporáneo, en el que la democracia se levanta como un incontrovertido fundamento del edificio constitucional.

Solo podemos hablar de Constitución o constitucionalismo para nombrar a aquellos documentos de gobierno que nacen a partir de las grandes revoluciones liberal-burguesa americana y francesa de finales del siglo XVIII, a raíz de la confrontación entre los supuesto ideológicos del pensamiento político liberal –representado en la obra de Montesquieu, y los pensamientos políticos democráticos– encarnados en Jean Jaques Rousseau.

Debemos de tener en cuenta que la organización política estatal puede organizarse de una manera democrática o de una manera no democrática, y solo puede hablarse de Constitución en el sentido moderno cuando es el pueblo el que la establece y sanciona. La idea de la soberanía del pueblo es tan antigua como la propia agrupación de los hombres en colectividades políticas. Habrá que esperar hasta el siglo XVII para que el principio democrático comience a cobrar verdadera entidad y realidad histórica. El pueblo abandona su estatus de concepto mítico y eterno para convertirse, al modo propuesto por Maquiavelo, en un pueblo concreto y real de la comunidad, que participa de forma activa en el proceso de toma de decisiones políticas fundamentales parta la propia comunidad. La historia del Estado constitucional, es la historia de la lucha por el principio democrático y su real efectividad.

II.1.- Confrontación entre principio democrático y principio monárquico:

Recordemos que en Europa, al contrario de lo que ocurrió en Estados Unidos durante los siglos XVIII, XIX y principios del XX,  los documentos de gobierno no gozaron de una verdadera y total fuerza obligatoria y vinculante, lo que se traduce en una carencia de eficacia de las Constituciones, que eran entendidas como simples documentos políticos de carácter programático y siempre había una ley especial de carácter preferente a la Constitución que la privaba de verdadera eficacia. La explicación a este fenómeno la tenemos en las singulares circunstancias políticas de la vieja Europa que la diferenciaba de Estados Unidos y la existencia de unos monarcas que se resistían a abandonar la posición de reyes absolutos, que fue lo que determino la escandalosa falta de eficacia de las constituciones que eran tratadas como meras leyes ordinarias.

II.2.- Teoría democrática del poder constituyente y afirmación de la soberanía del parlamento

En Europa el principio democrático o bien resulto afirmado de manera insatisfactoria, o se hacía de manera incorrecta, o bien  simplemente negado. La teoría democrática del Poder Constituyente sufría un importante menoscabo por parte de quienes, en principio, se mostraban como partidarios de la obra revolucionaria

En este sentido podemos citar a autores como Carré de Malberg o Sieyés quienes aseguraban la indiscutible prepotencia  de las Asambleas, en las que, primero la burguesía, y después las oligarquías partidistas, asentaron su dominio, y por la otra parte, con la proclamación del principio representativo, se excluía la intervención de los ciudadanos, permitiendo de este modo que la burguesía, y los partidos pasaran a convertirse  en los únicos depositarios de la soberanía nacional.

Lo que en realidad hacían los liberales, era hacer inviable el régimen democrático, y ello por la simple razón de que, por influencia del pensamiento de Montesquieu, el pueblo como entidad histórica real y concreta, que es el elemento central de la democracia, fue substituido por el concepto de Pueblo como entidad abstracta, metafísica e intemporal. Desde la perspectiva liberal, construcciones como la de Sieyés impiden una ponderada y cabal comprensión de la Constitución. Al concebirse a la Nación como un ente abstracto, esta no puede ejercitar sus facultades por sí misma, sino que precisa de representantes para llevarlas a cabo. Surge de este modo, y de manera inevitable, la teoría liberal de la representación política, con la cual el Parlamento, como representante de la voluntad del pueblo, conoce su voluntad, y además la interpreta correctamente. Para autores como Sieyes, toda problemática sobre la soberanía, pasa a la órbita de las asambleas Parlamentarias al igual que la capacidad de darse una Constitución por parte del Pueblo.

II.3.- La restauración. Vuelta al antiguo régimen

A la etapa del constitucionalismo revolucionario, le sucedió el sistema inaugurado en Francia llamado “Restauración”. Los instrumentos de gobierno se transforman entonces en “cartas constitucionales”, como por ejemplo nuestro Estatuto Real de 1834. La principal característica de estas “constituciones”, por llamarlas de algún modo, es la de que su aprobación se debe, no a la autoridad soberana del Pueblo sino única y exclusivamente, a la voluntad graciosa del monarca. Para simplificar: Al negarse de manera categórica la soberanía popular a favor del principio monárquico, lo que la restauración monárquica hace es reproducir las condiciones políticas y jurídicas de la edad medieval.

II.4.- El triunfo del estado Constitucional Democrático

De todo lo anteriormente expuesto, podemos extraer lo siguiente: El estado Constitucional, solo adquiere autentica entidad y significado pleno en Europa cuando el mismo se presenta bajo la forma de Estado Constitucional Democrático Social y podemos situar su origen en Europa el siglo XX, y más concretamente, con  el fin de la I Guerra Mundial.

El ascenso al poder de las fuerzas democráticas y progresistas determinó que por aquel entonces se pasara a interpretar el principio Democrático en su pleno significado. Se abrirá así un proceso que se iniciara con el fin de la I Guerra Mundial y que, tras los quebrantos producidos por los fascismos, habrá de culminar con el fin de la II Guerra Mundial. Proceso en el que va a producirse la plena aceptación ideológica de los principios y presupuestos sobre los que se edifica el moderno Estado constitucional, y por fin, los textos constitucionales pasan a ser comprendidos como auténticas Constituciones en el sentido pleno de su expresión.

Finalmente podemos decir que los dos principios básicos y medulares del Estado Constitucional Democrático son, por un lado el principio democrático, conforme al cual la soberanía solo puede corresponder al Pueblo; y por el otro, el principio de supremacía constitucional, por el que se entiende que todas las autoridades que actúan en el seno de la Constitución se encuentran obligadas al cumplimiento de la Constitución. Todos estos cambios, sin dudas sustanciales y trascendentales, son los que logran el triunfo definitivo del principio democrático.

III.- DEL ESTADO LIBERAL AL ESTADO SOCIAL

Enlazando todo lo expuesto hasta ahora sobre la formación del principio democrático con el tema que estamos tratando de los cambios en los principios democráticos a raíz del proceso de globalización, podemos decir lo siguiente: lo que lleva consigo el proceso de mundialización es cambiar la lógica política Democrática por la lógica de la Globalización. Nos encontramos así con una organización social mundial que recuerda mucho a lo que fue el sistema político liberal, es decir, una concepción del mundo que, como ya sabemos condujo al viejo Estado liberal a una situación de crisis total. A partir de las revoluciones proletarias de 1830 1840, queda patente que las desigualdades y egoísmos sociales, lejos de traducirse en beneficios públicos a través de la competencia social, lo que genera realmente son injusticias y desigualdades cada vez mayores. Es entonces cuando la concepción política liberal burguesa sufrirá una notable conmoción. La imagen de la sociedad como un todo homogéneo donde existen intereses comunes, se sustituye por una versión hobbesiano de confrontación y lucha de intereses irreconciliables

Vamos a pasar a detallar  ahora, de manera sistemática, el transito del viejo Estado Liberal al Estado Social. Empecemos recordando que el Estado Liberal se construyó sobre las bases de la situación económica que existía durante la monarquía absoluta. En esta se establecía ya una separación total y absoluta entre el poder político y el poder económico, separación cuya finalidad era la de permitir el pleno desarrollo de los intereses de la burguesía ascendente. Así pues podemos decir que el Estado liberal surge como respuesta a los intereses de la burguesía que deseaba hacerse también con el poder político consiguiendo arrebatárselo al rey.

Los primeros liberales entendían que existían dos realidades distintas claramente diferenciadas y además irreconciliables. Aparecían así los conceptos de “Estado”, o estado aparato; y de “sociedad” o sociedad civil como términos contrapuestos y antitéticos, que tan solo perderían su vigencia con el nacimiento del Estado Social. El pensamiento liberal clásico concebía al Estado como una creación artificial, en cuyo seno reinaba la arbitrariedad y la maldad, mientras que en la sociedad civil era comprendida como lo natural, como el reino de la bondad, en cuyo interior el individuo alcanza la felicidad. Todo esto va a traer claras repercusiones en el mundo del derecho. Un ejemplo de ello lo encontramos en que la regulación de cada una de esas entidades habría de realizarse de manera autónoma: la Constitución para regular lo público y el Código Civil como norma básica del derecho privado.

Debemos recordar que tan pronto como el Estado Constitucional Liberal se consolido comenzaron de manera inevitable a ponerse de manifiesto sus propias contradicciones, que comenzarían en el propio ámbito económico, con la rebelión de la pequeña burguesía y la clase obrera frente al capital y que en todo caso se irían haciendo más patentes estas contradicciones a medida que se fuese verificando, de la mano del derecho de sufragio, la democratización de la sociedad.

Los revolucionarios liberal-burgueses entendían que una de sus principales misiones era, junto con proclamar la igualdad entre todos los hombres como un derecho irrenunciable e inalienable, la de convertir a todos los individuos del Estado en ciudadanos, es decir, en sujetos políticamente activos. Lo que acabaría conduciendo al establecimiento del sufragio universal. No obstante, ocurre que esta preocupación por la libertad de los hombres seria abandonada tan pronto como la misma fue proclamada, los revolucionarios se encontraron incapaces para traducir, en la práctica, la identificación entre la libertad formal y la libertad real. Realmente fue un desmedido temor al pueblo el que, en definitiva, condujo al pensamiento político liberal a defender, frente a la democracia de identidad de los demócratas, el régimen representativo siguiendo las palabras de Montesquieu: “El pueblo es admirable cuando realiza la elección de aquellos a quienes debe confiar parte de su autoridad, porque no tienen que tomar decisiones más que a propósito de cosas que no puede ignorar, y de hechos que caen bajo el dominio de los sentidos… Pero en cambio, no sabría llevar los negocios, ni conocer los lugares, ocasiones o momentos, para aprovecharse debidamente de ellos”. Esto significa que la toma de decisiones fundamentales por parte del pueblo seria pronto abandonada por la creencia de que los “representantes del pueblo” han de impedir la corrupción del poderoso, pero también deben instruir al súbdito ignorante, es decir, los representantes del pueblo han de constituir la elite del país por su firmeza de carácter y su visión política. El resultado de todo esto es que los Textos Constitucionales de la época pasaron a establecer el sufragio restrictivo.

Mientras la burguesía pudo mantener esta situación política y social no existió ningún problema; dicho problema surgirá en un momento posterior cuando llega un momento en el que ya no basta con los ingresos de los impuestos de la gran burguesía para el desarrollo de la actividad estatal. Será entonces cuando nuevas capas sociales se incorporan a la tarea de contribuir al mantenimiento del Estado. No resultaría necesario decir que para obtener eses nuevos recursos económicos de estas nuevas capas sociales, no le queda más remedio al viejo Estado liberal que reconocer el derecho de sufragio, con el que ya contaban los estamentos más privilegiados, a la pequeña burguesía primero, y al proletario después.

Fue abriéndose paso la concepción, según la cual, el Estado, como producto de la sociedad para soslayar, de algún modo, el dominio absoluto de unas clases sobre otras.  Esta concepción fue asentándose, tras  un largo proceso no exento de dificultades, mediante el cual, los partidos obreros se van incorporando a lo que ellos llamaban la “democracia burguesa”.

Por otro lado, nos encontramos con que, frente al Estado abstencionista del sistema liberal, relegado a la condición de mero vigilante nocturno, cuya finalidad era la de garantizar la libertad burguesa, mediante la protección de la libertad individual y, sobre todo, la libertad privada; la socialdemocracia, por el contrario, sienta las bases para la aparición de un Estado interventor, entendido como un Estado fuerte y libre que debe participar en la vida económica como un gran planificador, para de esta forma lograr una mayor eficacia, al mismo tiempo que se obtienen beneficios públicos, y que debe convertirse, en definitiva, en un Estado empresario e interventor.

Con la quiebra de uno de los principios básicos sobre los que se había edificado el viejo Estado liberal, la separación entre el Estado y la sociedad civil. La nueva entrada en escena del constitucionalismo democrático y social, se tradujo en un cambio en el entendimiento de los textos constitucionales, que a partir de este momento, comenzaran a abordar la regulación de las relaciones económicas, dejadas anteriormente en manos exclusivas del  derecho privado.

Es necesario recordar que el tránsito del Estado liberal al Estado democrático social vino acompañado de una importante modificación en el ámbito económico: la quiebra del sistema de producción capitalista clásico y su sustitución, a principios del siglo XX, por el neocapitalismo. Podemos decir sin temor a equivocarnos que el Estado democrático social fue construido sobre ruinas del Estado Liberal sumido en la más absoluta de las crisis.

Cierto es que ambas formas de capitalismo se basa en el principio de, “máximo beneficio, mínimo coste”, sin embargo es muy distinto el sentido que unos y otros le otorgan a este, así que mientras que:

  • El Estado liberal ejercitaba esta máxima desde la imposición de altos precios del producto, bajos salarios, y un alto nivel de paro; esto no sucede en
  • El Neocapitalismo, para quienes resulta imprescindible, que exista un gran consumo y un bienestar creciente de la sociedad, intentando para ello, aumentar la producción, con lo que se rebajaran los costes; a la par que para incentivar el consumo, aumentara la capacidad adquisitiva de la clase asalariada,

IV.- EL ESTADO SOCIAL Y LA GLOBALIZACIÓN

El mundo desarrollado se había caracterizado por una tendencia continua e ininterrumpida de fortalecimiento de los Estados nacionales a partir del siglo XVI; proceso que tuvo lugar con independencia de las características ideológicas de los Estados. Howsbawn nos pone varios ejemplos para “ilustrar” el éxito del Estado a lo largo de este periodo: posibilidad de realizar un censo eficaz, se produce la delimitación eficaz de las fronteras, uso exclusivo de la coacción por parte del Estado, y el desarme del pueblo. La tendencia de los Estados de incrementar su poder continuo ininterrumpida, incluso durante el periodo de la política liberalista, hasta finales de los años setenta del siglo XX, momento en el que el proceso encontró su máximo apogeo, siendo muy pocas las materias que escapaban al control del Estado.

Esta tendencia histórica de fortalecimiento de los Estados se está viendo truncada por el actual proceso de mundialización o globalización, proceso apoyado por la ideología neoliberal, ya explicada en el punto anterior. El derrumbe del bloque comunista a finales de los años ochenta acelero vertiginosamente este proceso de debilitamiento del Estado y la política. Al haber desaparecido la política de bloques el Estado nacional ha dejado de tener sentido y lo que se nos propone es abandonar aquel viejo modelo y ponernos a trabajar en la creación de la llamada, “aldea global”, concepto este (el de aldea global) radicalmente incompatible con el de Estado Constitucional como forma histórica de convivencia y como instrumento de emancipación humana.

Al producirse el desmantelamiento del sistema comunista, y con ello, la desaparición del clima político de la guerra fría, aparece la idea de que los esquemas del viejo Derecho constitucional, nacido en una realidad histórica muy distinta, pierde todo su significado y sentido. Nos recuerda Alfonso Guerra, que la desaparición del sistema de bloques sumió a los partidos políticos, sobre todo a los de izquierdas, en una gran desorientación.  Siendo así, lo que se nos propondrá es la sustitución del, según dicen, acabado modelo, por uno nuevo que sea capaz de organizar la convivencia en una sociedad única para todo el mundo. El Estado Nacional, afirmaran,  deberá ser sustituido, no ya por aquel “Estado Continental” que se buscaba en la Europa de la Segunda posguerra, sino por lo que hoy se denomina como “Aldea Global”.

Debemos subrayar que la idea de “Aldea Global” no es algo nuevo, y que dicha idea ya cuenta con antecedentes en la historia del pensamiento, pero sin duda,  esta idea está cobrando inusitada fuerza durante los últimos años de la pasada centuria y varios son los factores que han contribuido a ello; como por ejemplo la victoria electoral de Tatcher en el Reino Unido, la de Reagan en los Estados Unidos; o el ascenso a la secretaria general del PCUS de Gorbachov y la puesta en marcha de la “Perestroika”, proceso que si bien perseguía la modernización del sistema comunista, para lo que en realidad sirvió fue para alcanzar su definitiva aniquilación.

El problema es que, desde los más diversos ámbitos políticos, la mundialización se está asumiendo,  de manera acrítica, como un proceso no solamente inexorable e irreversible, sino también positivo. Y en la medida que acaba considerándose este fenómeno como positivo, en el que se han embarcado tanto los partidos de derecha como los de izquierda.

En este contexto podemos hablar de la defunción del sistema de Westfalia, entendiendo este sistema como aquel modelo que surgió tras la guerra de los Treinta años (1648),  cuando el Estado, desde el punto de vista interno, asumió el monopolio de la coacción, legislación y jurisdicción, y desde un punto de vista internacional o externo, se convirtió en el único protagonista posible.

La situación hoy en día es muy distinta, puesto que nos encontramos que junto al derecho estatal, creado conforme a los principios democráticos del Estado Constitucional, existe un inmenso corpus normativo producido extramuros del Estado, que se encuentra integrado por numerosas reglas de dudosa condición democrática, y que obedecen y responden a exigencias de índole económica.

El Estado ha acabado renunciando también al monopolio de la violencia física legítima (en la cual veía Weber uno de los principios básicos de identidad del Estado). En España, sin ir más lejos, el número de guardias privados de seguridad ha superado ya al de efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.  Esta renuncia al monopolio de la violencia ha provocado graves consecuencias a nivel internacional; como por ejemplo, las guerras declaradas por Estados ante entes no estatales, o las organizaciones terroristas trasnacionales.  Contemplamos también que la conducta de muchos Estados, aun de los más poderosos, viene condicionada por los intereses de los poderes privados, representados por las grandes corporaciones multinacionales, cuya influencia real, en las relaciones internacionales, supera ampliamente la ejercida por numerosos Estados del Planeta.

  • AK 47 – Poder Coercitivo en manos del Capital
  • Índice Big Mac nivel económico de un país según el precio del Big Mac, Índice AK. Para medir el nivel de cumplimiento de los derechos humanos en un país.
  • Todo se reduce a cifras
  • España más guardias seguridad privadas que miembros fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Todo lo que acabamos de mencionar ya nos lo resume el profesor Pedro de Vega cuando nos dice que: “No se puede, ni se debe, ignorar que, cuando las normas que se generan a extramuros del Estado, esto es, en  ámbitos regidos por la lex mercatoria propia de la mundialización económica, entran en colisión con las normas producidas democráticamente en los ámbitos del Estado, la tensión entre economía y política, (es decir), entre razón económica y razón política, queda automáticamente transformada, se quiera o no, en la pavorosa confrontación entre democracia y antidemocracia, entre despotismo y libertad”.

IV.- La sociedad en la llamada “Aldea Global”

Recordando otra vez a Pedro de Vega podemos decir que en el proceso de mundialización de los mercados, todo se transforma en mercancías. La crisis del Estado Social a raíz del antes citado proceso provoca una serie de consecuencias sobre la sociedad que a continuación analizaremos.

En primer lugar, se produce la redefinición de la frontera entre el sector mercantil y el no mercantil de la economía, en el sentido de que, algunos bienes y servicios, que antes se consideraban imprescindibles y esenciales para la sociedad, y que dado que el mercado no estaba en condiciones de proveer, eran organizados y suministrados por el Estado; como por ejemplo ocurre con la energía, los transportes, las comunicaciones, los servicios postales, la educación, la seguridad pública; y como supuestos extremos de esta mercantilización de las actividades estatales la privatización de las instituciones penitenciarias, como ocurre por ejemplo, en determinados Estados de Estados Unidos.

En segundo lugar, en la sociedad de mercado, el trabajo y la experiencia se convierten en variables cada vez más dependiente del mercado, recordemos que, como ya hemos citado, el principio de legitimación ahora no es el trabajo, sino el consumo.

En tercer lugar, nos encontramos con la desvalorización de la decisión política y la sustitución del gobierno democrático de la economía, por un gobierno técnico mundial, del mercado, también mundial. La ya anteriormente mencionada dictadura de las multinacionales, amenaza con convertirse en la verdadera “constitución” material de todos los Estados,  pero no una Constitución en el sentido de instrumento para conseguir la libertad de los ciudadanos, sino como instrumento para conseguir maximizar los beneficios de las grandes transnacionales. Esta redefinición entre las fronteras de lo público y lo privado va a traer nefastas consecuencias al principio democrático. La retórica neoliberal justifica el proceso de mercantilización en nombre del principio de la eficacia. Para el neoliberalismo actual lo verdaderamente relevante no es tanto la titularidad pública o privada del servicio en cuestión como la forma en que dichos servicios se prestan, y los principios que rigen su gestión. Dicho con otras palabras, los servicios podrían seguir siendo de titularidad pública y haberse mercantilizado por la forma de gestionarlos. Lo único que se consigue cuando se intenta reducir al Estado en una simple empresa, es que el ciudadano queda convertido en un mero cliente o consumidor, o como ya he expuesto antes, en un siervo de las grandes empresas trasnacionales.

Muchos autores consideran que, a pesar de la aparente novedad de este proceso, este tiene poco de original. En la era Global lo que el neoliberalismo tecnocrático pretende, resucitando el mito del mercado como escenario propio de las leyes naturales y benignas, es legitimar la subordinación de la política a la economía, finalidad esta ya perseguida por el liberalismo clásico cuando se decía algo así como: “Si la economía es natural, entonces lo que hacen falta son expertos que estudien y escriban sus leyes, no los políticos inmersos en guerras ideológicas. Según esta idea, el gobierno técnico-económico es el lugar de la neutralidad y del cálculo racional de los expertos.

Los neoliberales proceden al sometimiento de la política  a las exigencias y los dictados de la razón tecnocrática e instrumental, creando la paradójica situación de que en un mundo donde se ensanchan y universalizan los espacios económicos y sociales de los hombres en proporciones desmesuradas, al mismo tiempo y con igual desmesura, se reducen o aniquilan escandalosamente los espacios políticos. Razón está que explica que todas las grandes medidas en la política económica y social se hayan legitimado por ser las únicas posibles.

Como anteriormente hemos visto al tratar el paso del Estado liberal al Estado democrático social, la realidad acabo desmontando la utópica construcción liberal, y será esa misma realidad la que desmontara la idílica utopía del neoliberalismo tecnocrático. El mercado mundial, por haberse construido sobre la base de una idea de la sociedad como algo contrario al Estado, ha pasado a regirse por unas leyes propias, y en modo alguno democráticas, que lejos de proporcionar a la humanidad mayores cotas de libertad, lo que ha provocado es un crecimiento desmesurado de las desigualdades y de la miseria; en palabras de Pedro de Vega: “ nos encontramos con el hecho pavoroso de la universalización de la miseria, del hambre que recorre en paralelo a la universalización de los mercados  de las de las tres quintas partes del planeta, incluso dentro de los países más desarrollados, como secuelas inevitables del sistema, adquieren día a día más intensidad fenómenos tan hirientes como la marginación, el paro estructural (…) así como violencia, corrupción, polución y destrucción del medio ambiente, inseguridad ciudadana y un largo etcétera que no cabe recordar. A nadie en su sano juicio se le ocurrirá pensar que su vida transcurre en el mejor de los mundos posibles”.

Parece oportuno recordar en este momento las palabras de Mannheim cuando señala que el neoliberalismo tecnocrático genera un ilusorio y totalmente injustificado conformismo que, al final, acaba destruyendo el propio sistema democrático. Al proceder los neoliberales a la negación de los problemas reales de la sociedad lo que sucede es que el individuo queda insatisfecho en sus necesidades personales y, por ello mismo, sumido en la más absoluta de las frustraciones. Por lo que, al no poder encontrar racionalmente dicha fuente de frustraciones, acaba orientándole hacia los movimientos antisistema, y de forma particular hacia el fascismo. Solo tenemos que echar una mirada por Europa para darnos cuenta de la situación: la victoria de  Haider, en Austria, alianza entre neofascistas y gran capital en Italia, neonazis en el gobierno Holandés, e incluso la reaparición de símbolos, mensajes y organizaciones en nuestro país, que a modo de ingenuos, creíamos definitivamente extinguidas; todos ellos son un  claro ejemplo de la situación política en la Europa Globalizada.

V.- ¿POR QUÉ ACUDIR A HERMAN HELLER PARA ENTENDER LA CRISIS DEL ACTUAL ESTADO SOCIAL?

Con la Teoría del Estado de Herman Heller, el derecho Constitucional comienza a adquirir su verdadero sentido. Heller concibe el derecho Constitucional como un derecho basado en una norma que pretende regular la vida del Estado, una vida política, no jurídica. Es el derecho de la realidad, de una realidad compleja, no es una mera ciencia de mero valor teórico, sino una ciencia con utilidad práctica. Lo más importante no es la Constitución en su misma sino que permanezca el Estado Constitucional. Sintetizando, para Heller, el derecho Constitucional es el derecho de la Democracia y de la Libertad.

Recordemos que, el trabajo del constitucionalista consiste en tratar de averiguar cuál va a ser la evolución de las relaciones de poder presentes en la sociedad, según Heller, la única forma posible de analizar esa evolución es desde el análisis del pasado, es decir, buscar en lo devenido lo que está por devenir, es por eso que parece oportuno detenernos a analizar cuál era la situación que le toco vivir a Herman Heller para, tratar así de analizar a su vez los problemas que se nos presentan en nuestros tiempos a causa del neoliberalismo tecnocrático; puesto que como decía Heller: “En el mundo de la política no hay nada nuevo, sino solo distintas formas de llevar algo a cabo”.

A Heller le toca vivir una época, (1891 – 1933), muy parecida en muchos sentidos a la que nos toda vivir a nosotros. Durante su infancia se produce la crisis del Estado Liberal, crisis abrumadora en todos los terrenos, tanto económico como político o social. En nuestros días también estamos asistiendo a un momento de crisis a nivel mundial, tanto a nivel político, que ya analizaremos en el siguiente punto de la exposición, como a nivel social, en este sentido debemos puntualizar que la actual crisis económica no debe ser considerada una “crisis del estado social”, el Estado Social no puede estar en crisis, la actual crisis es sin lugar a dudas, una crisis financiera, consecuencia de las inversiones especulativas y de la propia lógica de los principios del neoliberalismo tecnocrático.

El periodo de entreguerras fue una época convulsa, compleja y difícil, la situación creada con el fin de la Primera Guerra Mundial -durante los años 1920, 1930 y 1940-; resulto ser dramática y desastrosa desde una óptica democrática. La crisis económica que arrastraban los Estados europeos desde los últimos años del siglo XIX había conocido un cierto alivio como consecuencia de la Primera Guerra Mundial puesto las exigencias derivadas de atender el conflicto bélico se tradujeron en un incremento de la producción, del empleo, y consecuentemente de la riqueza, debido en buena medida al aumento de la demanda de armas por parte de los países contendientes.

Acabado el conflicto bélico la economía de los países contendientes, de manera más especial en los perdedores Italia y Alemania, no solo volvería a la situación crítica anterior, sino que empeoraría respecto a ella. La falta de demanda por parte del sector público genero una notable disminución en la producción, que como es obvio, producirá una grande y honda preocupación y desconfianza por parte de los titulares del capital respecto de quienes ostentaban el poder político. Además de ello, esta disminución de la producción también se transformó en una creciente falta de empleo que, en última instancia, afectaba tanto a las clases medias (propietarias o no), como al proletario urbano e industrial.

Los gobernantes del momento se vieron incapaces de encontrar una solución eficaz y adecuada para atajar la crisis económica. Los gobiernos, tanto liberales como  demócratas o socialistas, carecían de medios jurídicos para conducir y controlar el proceso productivo para, de este modo, poder enfrentarse a la crisis. Esta misma incapacidad se verifico en aquellos otros Estados en los que, en aquellos momentos, procedían a la aprobación de nuevas Constituciones que respondían ya a los presupuestos del Estado Constitucional democrático y social, como es el caso de Alemania.

Con la aprobación del Texto Fundamental Alemán de 1919 se intentaban sentar las bases para que el sector público pudiera intervenir en el proceso económico, ya fuera mediante la mera planificación del proceso productivo, o  como posible titular de los medios de producción. El problema fue que a pesar de contar con mecanismos constitucionales que autorizaban el control y la conducción de la vida económica, las medidas adoptadas al respecto resultaron inoperantes e insuficientes ante la magnitud de la crisis. A todo ello hay que sumar la escasez de recursos económicos con los que contaban, debida esta escasez, en gran medida, a la herencia del Estado Liberal. De nada sirvieron en tales circunstancias las enfáticas  declaraciones realizadas por el Constituyente de Weimar, quedando condenadas, de manera inevitable, a disolverse en el campo de las buenas intenciones frente a la imposibilidad impuesta por la propia realidad.

La crisis económica por la que paso Europa en aquellos momentos genero una serie de consecuencias políticas muy peligrosas para la Democracia, y perniciosas y nefastas para el desarrollo y consolidación del Estado Constitucional Social. Se produce un progresivo desapego hacia el Estado Constitucional por parte de la Alta burguesía; el gran capital, profundamente impresionado por lo ocurrido en la Unión Soviética, mirara con gran recelo las medidas económicas y sociales adoptadas por los demócratas, las cuales eran interpretadas por los primeros, no como medidas con las que atajar la crisis económica a la par que dar cumplimiento al principio de igualdad, sino que, muy al contrario, eran vistas como instrumentos de los que servía el proletariado para despojarles de aquella situación de privilegio económico y social de la que el gran capital gozaba desde los últimos tiempos del Estado Absoluto. Todo esto hizo que los capitalistas afrontaran la situación de crisis apostando por las fuerzas políticas más radicalmente antidemócratas, e incluso por posiciones antiliberales. Algo parecido sucedía con el proletariado, que tenía unas grandes expectativas en cuanto a la situación política -expectativas que se verían defraudadas-. Al no entender los pequeños burgueses y proletarios que esta circunstancia se debía, no al propio proyecto de los demócratas y socialistas, sino a las limitaciones que a estos le imponía la propia realidad, fueron no pocos los que reaccionaron en contra de las organizaciones partidistas que, según entendían, estaban traicionándoles, y no solo contra ellas sino que también lo harían contra el propio sistema en su conjunto, sobre el que discutían su legitimidad. Por todo ello, la pequeña burguesía y el proletariado encontraban amparo en el discurso de las fuerzas antisistema. La situación que se estaba gestando no podía ser más dramática y peligrosa para el Estado Constitucional.

La incapacidad demostrada por los gobernantes, para solucionar los problemas sociales y económicos en la sociedad determino que el individuo quedase insatisfecho en sus necesidades personales y por ello mismo sumido en la más absoluta y profunda de las frustraciones, lo que, en la medida en que es incapaz de localizar racionalmente la fuente de su frustración, acaba por llevarle a colocarse en contra del sistema democrático en su conjunto y a orientarse hacia movimientos antisistema, como el bolcheviquismo o el fascismo; movimientos caracterizados, pese a las grandes diferencias existentes entre ellos, por su oposición a la democracia parlamentaria. El acceso al poder de las organizaciones fascistas, ya fuera por triunfo electoral, por golpe de estado o a través de una guerra civil, supuso la destrucción del principio democrático que por fin había comenzado a adquirir autentica entidad.

Pese a los sucesos ocurridos, el Derecho Constitucional de la época weimariana se presenta como el más serio e importante intento por configurar, de manera definitiva, al Estado como ese instrumento de liberación del hombre frente al dominio de otros hombres. En el haber tratado de articular en un sistema jurídico coherente todos los cambios que la realidad social y política imponían como medio para superar la crisis total que había generado el Estado Liberal, es en donde radica su grandeza. Su importancia y trascendencia son incuestionables. Las soluciones adoptadas en la época de  Weimar serian prácticamente las mismas que se adoptarían en el constitucionalismo surgido tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, y que tan solo empezarían a ser cuestionadas en las últimas décadas del siglo XX, a causa de las corrientes neoliberalistas que estamos analizando.

También le toco vivir a Heller, durante este periodo que estamos analizando, un momento  en el que  se pasó, del principio de las nacionalidades, al principio continental. El Estado nacional se va quedando pequeño y empieza a aparecer la creencia de que el Estado – Nación es un entorpecimiento para la paz. En esa época se  pone en marcha la Sociedad de naciones, precursora de lo que hoy conocemos como la O.N.U. Heller, respecto a este tema,  se muestra muy crítico, pero no es que sea reacio a la unión de los pueblos de Europa, sino a como se estaba realizando. Heller abre la posibilidad de la creación de un Estado Constitucional Europeo como nueva forma de organización política , pero dicho proceso debe estar sometido a las mismas condiciones que todos los Estados Constitucionales han observado para su creación, encontrándose entre estas condiciones la de respetar el principio democrático. El Estado Constitucional debe ser el punto de partida y el punto de llegada y es, ante todo y sobre todo, un instrumento de libertad de los hombres. El problema es, como ya señalo Engels, que en la práctica, el Estado pronto se olvida de su función como instrumento de liberación de los hombres. El derecho positivo tiene que estar respaldado por la autoridad soberana del pueblo al que se le impone. Si desaparece el poder soberano que da respaldo a ese derecho, error que ya cometieron los liberales y que parece estar repitiéndolo de nuevo los neoliberales, aparecen en lugar del poder público los poderes privados, mucho más peligrosos para la libertad de los ciudadanos que el Estado. Parece que la historia vuelve a  repetirse puesto que hoy en día muchos juristas siguen negando tanto  la soberanía del pueblo, como el Poder Constituyente.  Un claro ejemplo de ello, lo tenemos en el Convenio del 2002 para la creación de la Constitución Europea. En la creación de esa supuesta “Constitución”, no observamos ninguna votación para la asamblea constituyente, sino que en su lugar, los diferentes estados enviaron técnicos para realizar esa labor. Se está procediendo pues, a una confección elitista de la democracia que como ya sabemos, acaba siempre apoyando a los totalitarismos. Se está actuando desde la perspectiva de que es conveniente no contar con  el pueblo, demasiadas cifras, datos, cuentas, es una labor de técnicos, el pueblo no lo va a entender. Todo esto está quebrantando irremediablemente el principio democrático. No olvidemos que el pueblo no puede, ni debe, apartarse del proceso de toma de decisiones políticas fundamentales, aunque cada vez es más frecuente que estas decisiones se aparten del pueblo. Es por todos sabido, que en la Unión Europea, no todos los países deciden por igual, sino que normalmente son Francia y Alemania, a través de sus grandes trasnacionales, las que toman las decisiones fundamentales. Con todo ello, no parecería desacertado llegar a la conclusión de que se está repitiendo una  situación de crisis, sino igual, si muy similar, a la acontecida en el Estado Liberal.

Por todo lo expuesto, la única manera posible de concebir a la Comunidad Internacional como titular de soberanía es la de afirmar que, en el proceso de creación del cuerpo político y con ello, de determinación del titular del ejercicio de la soberanía, se realice  un paso más hacia adelante: la celebración de un nuevo pacto social entre los diversos Estados, hasta entonces soberanos e independientes, en virtud del cual estos, en su consideración de “Pueblo como diversidad”, deciden libremente erigirse en “Pueblo como unidad”, procediendo al establecimiento sobre ellos de un cuerpo político único, superior y englobador de todos sus miembros, y en el que los viejos Estados se integrarían y disolverían. Con todo ello, la Comunidad Internacional se transformaría en un único Estado a escala planetaria.

VI.- CRISIS DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES CON LA LLEGADA DEL NEOLIBERALISMO TECNOCRÁTICO

En numerosos lugares se realizan  grandes declaraciones a favor del mantenimiento de las Constituciones y del Constitucionalismo. Sin embargo se trata de meras declaraciones retóricas. Esto significa que hoy en día las Constituciones se encuentran enfrentadas a las pretensiones de la mundialización, y con ello, irremediablemente condenadas. Lo que en realidad se está llevando a cabo con la Globalización es la eliminación de los esquemas políticos y jurídicos nacidos en Westfalia, es decir, negar todos y cada uno de los principios y valores del Constitucionalismo moderno.

*.Westfalia: se refiere a los dos tratados de paz de Osnabrück y Münster, firmado el 15 de mayo y octubre 24 de 1648. (También hasta la Paz de los  Pirineos)  finalizó la Guerra de los treinta años, en Alemania, y la Guerra de los Ochenta años entre, España y los Países Bajos. Inicia un nuevo orden en Europa, basado en el concepto de soberanía nacional. Esta paz trataba de lograr un equilibrio entre los estados europeos para tratar de evitar que unos se impusieran a otros. Desaparición de la Imperio cristiano de Carlos V,  aceptación del principio de soberanía territorial, el principio de no injerencia en asuntos interno.

VI.1.- Negación del principio liberal en nombre de la libertad económica

Otra de las consecuencias producidas por la globalización es que se niega el principio liberal, paradójicamente desde su más solemne y rotunda afirmación, todo esto con el pretexto de garantizar a los llamados “ciudadanos del mundo” las mayores cuotas de bienestar inimaginables.

Hablando sobre de las innumerables cuotas de bienestar que  se nos pretende garantizar, parece interesante destacar la declaración, en febrero del 2000, del el entonces director – gerente del FMI, Michel Camdessus, quien aseguraba que “los mejores amigos de los pobres son nuestras instituciones, y esto puede ser bien demostrado y documentado, mientras que lo otro, que somos la verdadera amenaza y los que provocamos la pobreza, sería muy difícil de demostrar“. Declaración que parece estar rescatando el viejo lema del despotismo ilustrado de “Todo para el pueblo pero sin el pueblo”.

Nos encontramos ante un grave peligro para la libertad de los individuos aisladamente considerados, un peligro que proviene del hecho de que, en nombre de una incierta libertad económica (de unos pocos), se lleva a cabo la renuncia a la libertad política (ahora de todos). Perdemos la condición de ciudadanos libres para convertirnos como ya hemos dicho antes, en consumidores, siervos de las grandes empresas transnacionales.

VI.2.- Imposibilidad de la división de poderes

El esquema clásico de división de poderes se está viendo aniquilado en el seno de la moderna sociedad mundial sin política. Hoy por hoy, podemos afirmar que no existe una autentica división de poderes. La crítica a las organizaciones partidistas se convierte en la crítica a la democracia. Dicha democracia, necesaria e inevitable, requiere un Estado de Partidos. Cuando los partidos políticos desaparecen son sustituidos por grupos de presión, por los magnates de las finanzas o los demagogos con vocación de dictadores.

La transformación del fenómeno partidista  ha generado grandes transformaciones en el Estado liberal, empezando por el propio sistema representativo liberal. Lo anterior  ha de producir importantes cambios en el modo de operar del propio Parlamento. Hay que tener en cuenta  que la consecuencia inmediata de la férrea disciplina de partido hace que no sea el parlamentarista individual, el que impulsa la vida de las Cámaras, sino que, muy por el contrario, son las organizaciones partidistas y los grupos parlamentarios, los que condiciones el debate. En palabras de Rudolf Smend, en la actualidad el Parlamento se ha convertido en una fachada en la que se formalizan los acuerdos intra en inter partidos, previamente adoptados en sus comités ejecutivos.

Hoy por hoy no puede realizarse la clásica división de poderes entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial; muy al contrario, tal y como señala Pedro de Vega, la nueva división de poderes se nos presenta como la confrontación  entre, poder político, poder económico y poder comunicativo. Ocurre sin embargo que quien controla el poder económico, por lo general controla también el poder comunicativo y con ellos el poder político.

A nadie se le puede ocultar que estamos asistiendo  a una temible y espectacular concentración de poder. El poder económico, que como ya hemos dicho antes controla al comunicativo, controla realmente todo devenir político. Estos “poderes privados”, sujetos que, siendo formalmente sujetos de derecho privado, actúan en sus relaciones con los particulares, no en situación de igualad, como es característico de las relaciones civiles, sino en una situación de superioridad e imperio, que era lo que tradicionalmente definía la manera de actuar de la administración pública respecto a los administrados. Pensemos, en este sentido, en los sindicatos, asociaciones empresariales, bancos, aseguradoras, etc., los titulares del capital ocupan, de manera directa o mediante personas interpuestas, los otros dos poderes, y de esta suerte monopolizan el proceso de toma de decisiones.

La defensa de la libertad que realiza el neoliberalismo tecnocrático acaba dejando al ciudadano en la más absoluta de las indefensiones. En palabras de Pedro de Vega: “Cuando en nombre de la libertad se condena al Estado, se olvida siempre de decir que lo que se nos ofrece como alternativa son unos poderes privados muchos más peligrosos para la libertad de los ciudadanos que el propio poder público. (…) Esto es, por tratarse de poderes privados, se trata de poderes sin ningún tipo de control en los que, sarcásticamente, las ideas de poder y libertad se hacen coincidir. Porque son poderes sociales, son poderes con libertad absoluta, y porque son poderes absolutamente libres, son poderes cada vez más peligrosos”.

VI.3.- Imposibilidad de la libertad civil en la llamada Aldea Global:

Hoy por hoy, en nuestro mundo globalizado, son numerosas las declaraciones internacionales sobre derechos humanos, lo que erróneamente nos podría llevar a pensar que la libertad de los individuos se encuentra mejor garantizada que nunca, Sin embargo nada más lejos de la realidad, puesto que realmente el hombre no se ha encontrado nunca tan indefenso como lo está hoy en el marco de esta sociedad civil universal. Estamos renunciando cada vez más a nuestra condición de ciudadanos en la órbita política del Estado, dentro del cual el hombre es, ante todo, portador de unos derechos que en todo momento puede hacer valer frente al poder. Difuminada este concepto de ciudadanía en una organización planetaria, difícilmente podrá nadie alegar derechos y esgrimir libertades ante unos poderes que sigilosamente ocultan su presencia.

En este sentido, podemos rescatar las palabras del periodista y escritor Alberto Vazquez Figueroa cuando afirma que: “El Pueblo llano, aún no ha descubierto la forma de enfrentarse a semejante tela de araña, puesto que han quedado muy atrás los tiempos de las huelgas salvajes y las sangrientas revoluciones”, “El anonimato de los consejos de administración, los paquetes de acciones en manos de impersonales fondos de pensiones, impide que existan, como antaño, cabezas visibles de cercenar”.

Un ejemplo claro a lo que acabamos de decir lo encontramos en el caso del Prestige, en el que nos encontramos con la absoluta indefensión de los ciudadanos ante la actuación de lo que se ha denominado “mafias internacionales que circulan libremente por nuestros mares”. Los instrumentos de la garantía de la libertad de los individuos acaban siendo condenados a perderse en el campo de la retórica y de las buenas intenciones. De nada sirve, como decía Kelsen, atribuir a los individuos determinados derechos, si aquella atribución no se encuentra adecuadamente protegida. Los derechos fundamentales no pueden plantearse en el marco de la difusa sociedad civil universal, sino que tienen que ser planteados en el marco de una comunidad política en concreto; dicho de otro modo, los derechos fundamentales solo son efectivos cuando estos mismos se despojan de su carácter iusnaturalista, y son incorporados en la Constitución como parte de la voluntad del Constituyente, que  como poder absoluto, soberano e ilimitado,  impone su mandato a todos, gobernantes y gobernados.

Así pues, en un mundo donde lo que se nos propone eliminar el Estado social, la libertad civil queda envuelta en una dinámica que con la misma intensidad que se declara dicha libertad se vuelve igualmente inoperante.

VI.4.- Crisis del principio democrático, “los técnicos contra el pueblo”

Como ya hemos mencionado antes en esta exposición, lo que el neoliberalismo nos propone es el total y absoluto sometimiento de la política a los dictados de la razón tecnocrática e instrumental, es decir, se trata de un intento de organizar el Estado según la lógica empresarial. La llamada “sociedad de masas”, pasa a convertirse en una “sociedad de managers”, lo que significa que, al igual que en el mundo empresarial son los técnicos, y no los trabajadores de las empresas, los que adoptan las decisiones. También en el Estado ha de existir una elite dirigente que, en base a su formación técnica, controle el proceso de toma de decisiones políticas fundamentales.

Un alarmante ejemplo de la crisis de este principio lo encontramos en la ya mencionada anteriormente “Constitución Europea”, en donde su elaboración, no fue realizada por personas propuestas a través del voto directo del pueblo, sino que fueron designados para dicha elaboración supuestos técnicos, elegidos por los órganos políticos de los actuales Estados miembros de la UE, y ni siquiera dando entrada a todos ellos. Por lo tanto, la aprobación de esta Constitución no va corresponder al pueblo, como titular de la soberanía, sino a un órgano ya existente en la Unión Europea: La Conferencia Intergubernamental, un órgano que lamentablemente va actuar al margen del principio de publicidad.

La comprensión Maquiavélica de la democracia, como una conjunción entre vivere libero y vivere civile, es decir, la de que el pueblo, como soberano, y participando en la toma de decisiones políticas fundamentales y se da una constitución  entra en su más absoluta negación. Esto se pone claramente de manifiesto en casos, como por ejemplo las guerras, del petróleo, que nos muestra que para un eventual ataque a un determinado Estado, no es necesario contar con el apoyo de los ciudadanos, ni de la oposición política, con las excusa de que hay una serie de datos que los ciudadanos desconocen, que enturbiarían su cabal entendimiento, informaciones que no se hacen públicas dado su alto nivel técnico, y que solo el gobernante que posee toda la sabiduría para ordenar de modo conveniente la vida de la comunidad está en condiciones de interpretar  y ponderar cabalmente, de tal manera que puede y debe prescindir de unas leyes que no vendrían sino a entorpecer su savia labor de gobierno.

Este alejamiento del pueblo de la toma de decisiones fundamentales está alcanzando su punto máximo en las llamadas Cumbres de los grupos de poder internacionales (G7, G8,  reuniones del FMI y del BM), llegando a extremos como lo acontecido a finales del 2001 en Doha, la capital de Qatar, país gobernado por una monarquía autoritaria (un emirato) y que registró un fallido golpe de Estado en 1996. En esta pequeña península de Arabia de más de 11 mil kilómetros cuadrados, en medio del desierto y las aguas del golfo Pérsico, los gobiernos pretenden alejarse cada vez más del mundo, de la pobreza que generan sus propias políticas y bajo la protección de un gobierno represor que no escatimará esfuerzos por detener las protestas. Además, ¿alguien llegará hasta allá entre el desierto, el idioma árabe, la religión Islam y sin organización civil local vinculada a las luchas mundiales contra la globalización, para poder controlar la toma de decisiones? ¿Cómo es posible que los gobiernos que se proclaman democráticos, aceptan reunirse en un país donde está ausente la democracia y reinan las violaciones a los derechos humanos? Esto no es más que un claro reflejo de la  antidemocracia que general la Mundialización.  La próxima sede de cualquier elemento del circuito neoliberal podría ser quizás en el espacio  o simplemente podría ser negociado – impuesto en el escenario del Internet.

Cuando los gobernantes neoliberales de hoy discuten, en base a criterios técnicos, el derechos de los ciudadanos a estar en contra de sus opiniones, no deja de recordarnos a aquello que decía Fichte de que: “Nos permitís pensar porque no podéis impedirlo, pero nos prohibís comunicar nuestros pensamientos; no ponéis en cuestión nuestro derechos inalienable a pensar libremente, sino solo a comunicar lo pensado libremente”.

Por otra parte, el ataque al sistema democrático se hace evidente. Hemos de tomar en consideración que, en democracia, la unanimidad solo tiene lugar en los cementerios o en las dictaduras. La democracia no es el reino de la unanimidad sino de la discrepancia, como decía Friederich: “conseguir que personas, aun con profundas diferencias de opinión en cuestiones fundamentales, se pongan de acuerdo mediante un proceso de discusión”.

Como ya hemos dicho, los ciudadanos de a pie, aisladamente considerados, cada vez nos encontramos más lejos del proceso de toma de decisiones fundamentales, sino que dicho proceso acaba recayendo en la esfera de las grandes empresas transnacionales que acaban convirtiéndose en modernos titulares de la soberanía.

VI.5.- La eliminación del principio de supremacía constitucional:

Otra de las graves consecuencias que trae consigo el  fenómeno de la Mundialización, es la inviabilidad del principio de supremacía constitucional. Recordemos que la Constitución, como norma jurídica suprema, debe imponerse tanto a los gobernados como a los gobernantes, y que todas las demás normas jurídicas, cualesquiera que sean, han de ceder, en caso de conflicto ante ella.

A raíz de los tratados de Maastricht 1992, con su continuación en Ámsterdam y Niza; y de la reunión de la Convención Giscard en 2002, se ha iniciado en Europa una práctica jurídica y política claramente lesiva para el principio de supremacía constitucional. El contenido de los textos constitucionales, que como ya hemos dicho antes debe imponerse siempre, queda subordinado a las exigencias derivadas del propio proceso de integración. Un claro ejemplo lo encontramos como ya hemos mencionado anteriormente, en el Tratado por el que se instituye una Constitución para la Unión Europea, tal norma no va a ser un mero tratado internacional más, sino que va a tener la consideración de ser una autentica Constitución ante la cual las distintas Constituciones de los Estados miembros cederían su posición de lex superior ante ese nuevo texto. El problema es que esa, como ya he dicho antes, mal llamada Constitución, no es en realidad una verdadera Constitución, puesto que en ningún momento en el proceso de creación de la Unión Europea ha tenido lugar el pacto social, mediante el cual hubiera aparecido un único pueblo europeo soberano, en el que se integraran y disolverán los anteriores pueblos estatales mediante el uso de su soberanía; sino que esta Constitución, al igual que los demás Tratados fundacionales, es el resultado, como ya hemos dicho antes, de los poderes constituidos estatales.

Al haber desaparecido en nuestros días, tal y como hemos explicado, el concepto de pueblo soberano, sucede que, ni la Constitución de los Estados, ni en su caso, las Constituciones de las nuevas entidades políticas supranacionales, podrán presentarse como verdaderas Constituciones en el sentido de normas jurídicas supremas con eficacia directa.

Haberle, en su idea de constitución abierta, nos dice que el derecho constitucional se configura como un proceso de realización en el tiempo, sujeto a alteraciones y modificaciones continuas como consecuencia de la sociedad pluralista. Al configurar la Constitución como abierta, esta pierde su estabilidad, lo que la acaba incapacitando para cumplir su función. Difícilmente puede entenderse el Código Fundamental como una autentica lex superior cuando, al eliminar el principio de rigidez, y abrir paso a la interpretación de todos, se está condenando al Estado constitucional a vivir en un continuo y permanente proceso constituyente.

 

VII.- ¿UNA UTÓPICA SOLUCIÓN AL PROBLEMA?. BREVE ANÁLISIS A LA FIGURA DE “INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISIÓN”

A estas alturas, no nos cabe la menor duda de que, ante los ataques que el proceso de mundialización está realizando a los principios constitucionales, el sistema de garantías de los textos constitucionales se está tornando insuficiente para preservar su eficacia. Recordando al Profesor Carlos de Cabo, el Estado Social no produce una estructura institucional garantista de los derechos sociales, como la que el Estado liberal construyo para los derechos individuales.

Estas insuficiencias en la estructura garantista constitucional se manifiestan sobre todo en el ámbito de la Justicia Constitucional. Recordemos que esta Justicia fue concebida  para coronar el éxito del Estado Liberal. Cuando, como ya hemos mencionado, sobre las ruinas de este, tras la II Guerra Mundial, fueron erigidos los Estados Sociales Contemporáneos. Las nuevas Constituciones de los diferentes Estados, fueron introduciendo el modelo de Justicia Constitucional del Estado Constitucional Clásico.

En un momento histórico en el que la política se desvanece y el sistema de garantías de los principios constitucionales se torna inoperante, resulta importante recordar al maestro Germán Bidart Campos, quien siempre reivindico la primacía de la política sobre la economía; citando unas palabras suyas, sobre el tema que estamos tratando, por su claridad y rotundidad: “Ni los gustos, ni las modas, ni la globalización, ni la mundialización, ni los viajes periféricos hacia los centros de poder económicos y políticos, internos e internacionales, tienen aptitud para esquivar a la Constitución o para romper el anclaje que la economía le debe a su programa imperativo y vinculante” (…)

Es hora que, desde el derecho constitucional, nos volvamos enfáticos en proclamar y exigir que, cualquier variabilidad ocasional de las políticas socioeconómicas deba subordinarse a la constitución. Cuando pierden membrecia con ella, dice el profesor argentino, son inconstitucionales, por acción o por omisión”

Esta preocupación del profesor Bidart Campos por la subordinación de la economía a la política, y por la defensa del carácter de norma suprema de la Constitución del Estado social, le llevo a estudiar una figura, desde mi punto de vista muy interesante, a la vez que, en cierto modo utópica: la Inconstitucionalidad por omisión, figura que podemos definir diciendo brevemente, en palabras del profesor que: “así como normalmente se acusa la inconstitucionalidad  cuando se transgrede  la Constitución porque se hace algo que ella prohíbe. Asimismo debemos rescatar, la noción importantísima  de que también hay inconstitucionalidad cuando no se hace lo que ella manda hacer, (en este sentido merece la pena recordar los Art. 47, 50, 51 y en general todo el Capítulo III de nuestro Texto constitucional, en donde nos encontramos con numerosos casos en los que esta figura podría ser aplicada de manera plena o simplemente para lograr un mejor desarrollo del hasta ahora realizado.)

Los dos grandes argumentos esgrimidos a favor de la admisión de esta figura en nuestro ordenamiento jurídico, en opinión del profesor Javier Tajadura son los siguientes:

  1. El primero es, como no podía ser otro, el principio de supremacía constitucional, dogma en torno al cual se ha construido todo el edificio del Estado Constitucional, principio que debería encontrarse vigente en nuestros días
  2. El segundo viene configurado por la función transformadora de la sociedad de los textos fundamentales del Constitucionalismo Democrático Social (recordemos que uno de sus principios es la igualdad entre los ciudadanos y el deber de los poderes públicos de promoverla).

Como señala el profesor De Vega, la misión del Tribunal Constitucional no es otra que la de impedir que ningún poder público constituido pueda ir en contra de la voluntad soberana del pueblo, expresada a través del poder constituyente en la propia Constitución. El legislador, como poder constituido, no puede ir en contra de la Constitución. Lo que resulta evidente es que el legislador puede atentar contra esa voluntad del constituyente, tanto cuando actúa, como cuando no lo hace, porque de su inactividad también puede derivarse consecuencias contrarias a esa voluntad, especialmente cuando de las omisiones del legislador, se deriva la falta de efectividad real y plena de los preceptos constitucionales.

El instituto de la inconstitucionalidad por omisión supone, en última instancia, extraer todas las consecuencias de la sustitución del dogma liberal de la soberanía del Parlamento, por el de la soberanía del poder constituyente, objetivizada en la Constitución. La principal finalidad de esta figura seria garantizar que la voluntad del Constituyente se realiza en toda su plenitud.

Cuando la Constitución ordena a uno de los poderes del Estado el ejercicio de una competencia, ese poder debería estar obligado a ponerla en movimiento. Y cuando su abstención implica un daño para la sociedad, esta debería estar legitimada para instar a la jurisdicción constitucional a controlar al órgano recurrente para que cumpla sus obligaciones.

El gran problema que gira en torno a la admisibilidad de  esta figura, y por el cual la califico antes como “ciertamente utópica” al comenzar a definirla, es que no podría ser usada en todas y cada una de las situaciones en las que esta pudiera ser aplicada, por ejemplo, podríamos encontrar inconstitucionalidad por omisión en cuanto al desarrollo del Art. 35, relativo al derecho al trabajo Art. 47 vivienda digna, en los que queda claro que no fueron objeto de desarrollo pleno por parte de los poderes públicos, sin embargo, para el correcto desarrollo de estos derechos, y del texto constitucional en general, se necesitará, como nos recuerda Heller, un Estado fuerte, recaudador, con un buen sistema impositivo, redistributivo, y con capacidad para marcar los patrones de la actividad económica, solo así podría lograrse reunir los recursos suficiente parta lograr cubrir los derechos que nos garantiza el Texto Constitucional a todos los ciudadanos, situación que, sobra decirlo, se encuentra muy lejos de la actual.

VIII- LA RESISTENCIA CONSTITUCIONAL

Después de todo lo expuesto a estas alturas ya no nos cabe ninguna duda sobre los peligros que la globalización económica inspirada en los dogmas del neoliberalismo tecnocrático entraña a los principios constitucionales.

En este contexto, la defensa de dichos principios nos exige adoptar una actitud de “resistencia constitucional”, término acuñado por Tomas y Valiente, y que nos exige, en palabras del profesor García Herrera: “mantener inhiesta la bandera de la Constitución, sus contenidos sociales, y su carácter de norma jurídica suprema”.

La resistencia constitucional implica una lucha por rescatar el principio democrático, según el cual el Pueblo y solo el, es el único sujeto legitimado para decidir el modo y la forma en que quieren ser gobernados. Recordemos a Robespierre cuando aseguraba que es el propio Pueblo el mejor defensor de la Constitución. Son los ciudadanos, y no los técnicos como pretende el neoliberalismo tecnocrático, o peor aún, los poderes invisibles que se ocultan tras el manto del mercado mundial, los que deben adoptar las decisiones constituyentes de las que dependerá su futuro y libertad.

No debemos, en modo alguno, permanecer, como nos describe Joan Manuel Serrat con, sus palabras: “Silenciosa, la mayoría, aguantando el chaparrón, al pie de un cañón, de papel maché, come el pan nuestro, de cada día, con el culo así contra la pared, llorando en el mar, viéndolas venir, viéndolas pasar”.